#GdeimIzik – Marruecos intenta crucificar a activistas Saharauis para camuflar el lodazal político y la agonía del reino

Gdeim Izik

En el juicio más mediático de la última década, donde el Reino de Marruecos acusa de nuevo a 24 activistas saharauis, que ya han sido condenados en el Tribunal Militar y están cumpliendo penas de 20 años a cadena perpetua, el caos jurídico, la ausencia de presunción de inocencia y la falta de pruebas, así como la utilización sistemática de tortura, son los denominadores que evidencian la falta de democracia y la agonía de un sistema corrupto basado en la opresión y la ocupación.

Tras la anulación por parte del Tribunal Supremo (Tribunal de Casación) del juicio militar con el argumento que no se habían probado los crímenes de los que se había acusado al Grupo de Gdeim Izik, la falta de pruebas y el hecho de que todo el caso se basaba en confesiones y documentos elaborados por las autoridades marroquíes, y que los acusados habían denunciado haber sido obtenidos bajo tortura, Marruecos decide no liberar sino rejuzga a los activistas de derechos humanos saharauis.

El 26 de diciembre de 2016 se inicia el juicio, ahora ante el tribunal civil, pero en el que el caso jurídico es factor de gran discusión entre los observadores internacionales que no pueden percibir como el panel de jueces, 6 meses después, después de 5 sesiones de (diciembre, enero, marzo, mayo y junio) todavía no determinó si se trata de un caso en primera o segunda instancia, no decide sobre la calidad en que participa la parte civil, ni sobre la admisión o no de nuevas pruebas que se introducen y se presentan con el argumento que el tribunal más tarde tomará una decisión.

La semana pasada la parte civil inició lo que debían ser las alegaciones finales, a pesar de que su participación en el proceso no estaba definida, en la que se esperaba que los abogados que representan a las familias de las víctimas pidieran algún tipo de reparación o indemnización.

Sin embargo, lo que pasó fue un discurso político ensayado donde más de una decena de abogados presentaron sus teorías sobre la legitimidad de la ocupación del Sáhara Occidental por el Reino de Marruecos, exigían la modificación de las acusaciones para artículos relacionados con el terrorismo domestico y con la aplicación de la pena de muerte.

Identificaron a Argelia y el Frente Polisario como enemigos del Reino, acusaron a Organizaciones No Gubernamentales de desarrollo y financiamiento de actos contra el estado marroquí, y afirman que los activistas de derechos humanos saharauis son los inventores del “terrorismo moderno” con el uso de vehículos como fue el caso de Niza, Londres y Manchester, y añaden que Polisario y los acusados son la mano detrás de las revueltas del RIF y los levantamientos populares en Marruecos.

Una diatriba política en la que afirman que no se trata de presos políticos, ni de un juicio político en clara contradicción con sus propias disertaciones.

Los abogados de la parte civil confiesan no poder probar ningún acto criminal en concreto de cualquiera de los acusados, pero se escudan en el escenario creado de teoría de la conspiración para poder exigir la pena de muerte, ya que no es necesario en ese caso probar ningún delito cometido.

No se ha demostrado nada en este proceso, salvo el hecho de que no existen pruebas admisibles o comprometedoras, que la tortura se utilizó de forma sistemática (según lo denunciado por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas) y que se trata de un juicio político en el que se intenta hacer una relación entre el Frente Polisario con grupos terroristas, lo que no se logró.

Marruecos tuvo la oportunidad con la anulación del juicio militar de 2013 por parte del tribunal supremo de cerrar este tema y aparentar ser un país donde la ley es respetada, sin embargo optó por arrastrar un juicio cuyo desenlace no se prevé bueno para los acusados y que tendrá costes elevados para el Reino Alauita.

Durante los últimos casi 7 años de detención del grupo de Gdeim Izik, la prensa marroquí hace juicios paralelos basados en declaraciones falsas, la semana pasada en una entrevista el propio procurador general del Rey declaró que las familias de los acusados estarían presentes en la sala de tribunal, que no es el caso. En las televisiones marroquís que los exámenes médicos a algunos de los acusados habían sido hechos de acuerdo con el protocolo de Estambul (protocolo a aplicar para verificar la tortura) pero nada más lejos de la verdad, cuando durante los exámenes estaban presentes en varias ocasiones guardias y policías que recibían los exámenes antes de los médicos, los propios médicos aconsejaban a los acusados de “abdicar del derecho a la autodeterminación”. El marketing de “Juicio justo y equitativo” no corresponde a la realidad cuando se está ante un proceso donde la presunción de inocencia no existe y donde los argumentos son puramente políticos con el objetivo de blanquear una ocupación de más de 4 décadas de uno de los territorios más Ricos de la región.

Marruecos está en un momento de la historia en que sus ciudadanos se rebelan contra un régimen obsoleto y corrupto, saliendo por miles a las calles protestando contra la corrupción instalada y contra la monarquía. En este contexto la ocupación del Sáhara Occidental es esencial para la supervivencia de la economía marroquí y el Rey tiene que demostrar que tiene un pulso fuerte y no admite ningún tipo de oposición aniquilando a sus “adversarios”. Pero también que mantener la apariencia de un país desarrollado y democrático, algo que es cada día más difícil.

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