Marruecos opta por perder 5 millones de dólares para evitar sentencia


Según información de Western Sahara Resource Watch, la empresa estatal marroquí OCP decidió abandonar la defensa de la carga mineral de conflicto retenida en Sudáfrica. El pueblo saharaui ganó así una victoria de 5 millones de dólares antes de iniciarse el juicio sobre la propiedad del fosfato.

El 1 de mayo de 2017, el buque a granel NM Cherry Blossom fue detenido en Port Elizabeth, durante una parada para reabastecerse camino de Nueva Zelanda. El buque contenía 55.000 toneladas de fosfato de los territorios ocupados del Sáhara Occidental.

La ONU concluyó que cualquier explotación de recursos en el Sáhara Occidental es ilegal si el pueblo saharaui no da su consentimiento, así como lo estipulado en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE el 21 de diciembre de 2016.

Marruecos, que ocupa ilegalmente parte del Sáhara Occidental desde 1975, ha explorado y exportado fosfato de este territorio diariamente en los últimos 42 años. En 2016, Marruecos ganó más de 200 millones de dólares con la exportación de fosfato del territorio.

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La otra cara de Gdeim Izik

Familias Gdeim Izik

APRASE – ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ABOGADOS SAHARAUIS EN ESPAÑA

En la población de Salé (Rabat) veintitrés familias saharauis de las Zonas Ocupadas del Sáhara Occidental, llevan más de seis años entre idas y venidas para poder estar cerca del grupo de Presos Políticos Saharauis (Gdeim Izik).

Este grupo fue detenido y desaparecido durante un mes y medio, tras el brutal desmantelamiento por parte del ejército marroquí del Campamento de la Dignidad Saharaui, que a finales de 2010 se erigió en las afueras de El Aaiún ocupado.

Fueron trasladados a Salé y procesados por un Tribunal Militar en febrero de 2013, resultando condenados a penas de 20, 25, 30 años y 9 de ellos a cadena perpetua.

Después de tres años de presión internacional, en la que, incluso el Secretario General de  Naciones Unidas pidió que se anulará ese juicio Militar. En 2016 el Tribunal Supremo marroquí acordó que el Tribunal Militar no era competente para enjuiciarles por ser civiles y revocó la Sentencia por no existir pruebas suficientes que vinculen a los presos con los hechos que se les imputan.

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