IBAHRI recuerda a Marruecos la obligación de investigar alegaciones de tortura de activistas saharauis encarcelados

Después de que más de 20 activistas saharauis fueron encarcelados en Marruecos, con afirmaciones de que las evidencias en el juicio fueron obtenidas por la tortura, el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI) recuerda a este país su compromiso internacional de investigar incidentes sospechosos donde hubo dolor intenso Infligida a individuos para forzarlos a “confesar” y / o implicar otros en actividades ilegales.

El Copresidente de IBAHRI, embajador (ret.) Hans Corell comentó: “Como Marruecos ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes en 1993, el IBAHRI recuerda a las autoridades del país la obligación de asegurar la investigación siempre que haya motivos razonables para creer que un acto de tortura fue cometido en su país. El caso profundamente preocupante de los activistas saharauis, algunos de los cuales se enfrentan a cadena perpetua tras un juicio marcado por irregularidades procesales, es ciertamente un caso en que tal investigacion es obligatoria. Como estado que forma parte de la Convención, Marruecos está obligado a conducir una investigación, incluso sin queja de una víctima. La Convención prevé además que cualquier prueba obtenida a través de la tortura es inadmisible ante el tribunal. En el caso de estos acusados, Marruecos no ha cumplido sus obligaciones.

El comité contra la Tortura de las Naciones Unidas visitará Marruecos del 21 al 27 de octubre según información del diario online lakome2.

Los activistas saharauis-también conocidos como el grupo Gdeim Izik- fueron juzgados por un tribunal militar en 2013 y condenados a grandes penalidades tras los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en 2010 en el desmantelamiento del campamento de protesta Gdeim Izik en el Sáhara Occidental. El campamento fue establecido como parte de una larga disputa territorial entre Marruecos y el pueblo saharaui indígena, liderado por el Frente Polisario.

En el año 2016, el Tribunal Supremo, el más alto tribunal de Marruecos, ordenó un nuevo juicio de los activistas ante la Cámara de Recurso de la Corte de Apelaciones de Rabat, tras una modificación de la ley de justicia militar de Marruecos, que terminó con los juicios civiles ante tribunales militares. Sin embargo, dos abogados de defensa, Ingrid Metton y Olfa Ouled, se les negó la entrada en el Tribunal.

El nuevo juicio por el Tribunal de Apelaciones de Rabat confirmó ampliamente las sentencias dictadas, con ocho de los acusados condenados a cadena perpetua. Como en el juicio militar anterior, el tribunal civil no investigó adecuadamente las alegaciones de los acusados de que sus confesiones fueron extraídas bajo tortura. Cuando se realizaron exámenes médicos para evaluar las alegaciones de tortura de los acusados, éstas se realizaron casi siete años después de la ocurrencia de la supuesta tortura.

El embajador Corell añadió: “El uso de la tortura nunca puede ser justificado. Al no tratar estas alegaciones de tortura a tiempo y con la importancia que merecen, las autoridades marroquíes legitiman efectivamente la violación de un derecho que desde hace mucho fue aceptado como no derogable “.

(1) En noviembre de 2016, el Comité contra la Tortura concluyó que la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura había sido violada por Marruecos con respecto a las alegaciones de uno de los presos, Ennaâma Asfari. Haga clic aquí para leer la decisión.
(2) Haga clic aquí para ver imágenes de un panel de discusión del IBA-ONU sobre Derechos Humanos para sensibilizar sobre la prohibición absoluta de la tortura.
(3) La International Bar Association (IBA), creada en 1947, es la principal organización mundial de juristas jurídicos internacionales, asociaciones de abogados y juristas. A través de su participación global de abogados individuales, bufetes de abogados, asociaciones de abogados y juristas, influye en el desarrollo de la reforma del derecho internacional y moldea el futuro de la profesión jurídica en todo el mundo.
La oficina administrativa de IBA está en Londres, Reino Unido. Las oficinas regionales se encuentran en: São Paulo, Brasil; Seúl, Corea del Sur; Washington DC, Estados Unidos, mientras que el Tribunal Penal Internacional del International Bar Association y el International Criminal Law Program (ICC e ICL) se gestionan desde una oficina en La Haya, Holanda.
El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI), entidad autónoma y financieramente independiente, trabaja para promover, proteger y hacer cumplir los derechos humanos bajo un dominio de derecho justo y para preservar la independencia del poder judicial y la profesión legal en todo el mundo.

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