El limbo de Mariano Rajoy con los presos políticos saharauis

Alfonso Lafarga.- CONTRAMUTIS   El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió el 18 de noviembre de 2017 la liberación de las personas que sufren privación de libertad por sus ideas y actividades políticas; los presos políticos según establece la Resolución 1900 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de  3 de octubre de 2012.

Lo  hizo con motivo de la entrevista que mantuvo con al exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, al que expresó  su compromiso con una solución plenamente democrática para Venezuela, que “necesariamente” pasa por la liberación de los presos políticos y la convocatoria de elecciones.

No es la primera vez que Rajoy exige la libertad de los presos políticos venezolanos: lo expresó el 1 de agosto de este año, cuando manifestó que “la paz, la democracia y la libertad de los presos políticos han de ser inquebrantables”; el 28 de julio,  al señalar que el Gobierno de España está por la liberación de los presos políticos, en contra de la violencia, a favor del derecho de manifestación y de unas elecciones que den la palabra al pueblo; el 8 de julio, en Hamburgo, después de la clausura del G-20; el 16 de febrero, al cumplirse tres años del encarcelamiento del opositor venezolano Leopoldo López…

Y otras muchas más. Es el perseverante compromiso del Gobierno de Rajoy con los presos políticos venezolanos, la misma constancia con la que ignora a los presos políticos saharauis,  habitantes de un territorio que España no descolonizó y entregó a Marruecos, régimen que se niega a realizar el referéndum de autodeterminación al que se comprometió con el Frente Polisario bajo el amparo de la ONU.

Precisamente en noviembre se celebraron en el Parlamento Europeo las jornadas “Violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental”, en las que se ha puesto de manifiesto  la extrema situación en que se encuentran los presos políticos saharauis, en especial los del grupo de Gdeim Izik, que fueron condenados a penas de 20 años de cárcel a cadena perpetua en un juicio denunciado por sus múltiples irregularidades y sobre el que el Gobierno de Rajoy no dijo ni palabra.

La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López  pidió que Marruecos permita a la Cruz Roja Internacional visitar a los 19 presos de Gdeim Izik que permanecen en prisión, como han solicitado numerosas organizaciones internacionales, así como su reagrupamiento ya que fueron dispersados por diferentes cárceles marroquíes, en algunos casos a 1.300 kilómetros de distancia de sus familias. Citó  el caso del preso Naama Asfari, por el que Marruecos fue condenado en diciembre de 2016  por el Comité contra la Tortura de la ONU y  a cuya esposa, Claude Mangin, de nacionalidad francesa, no se le permite viajar a Marruecos;  el 20 de octubre fue a visitar a su marido y fue expulsada de Rabat.

Si las alusiones del presidente del Gobierno de España a los presos políticos (venezolanos) son continuas, también lo son las referencias a la defensa de los Derechos Humanos. Rajoy se comprometió a defender los DDHH con motivo de la presencia de España en el Consejo de Seguridad en los años  2015 y 2016,  protección que es “una de las prioridades fundamentales de la política exterior española”, según expone la página web del ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Pero esto parece tener una excepción  cuando se trata del Sáhara Occidental.

En lo que respecta a los  presos políticos saharauis , el presidente  Rajoy sigue “sin enterarse de lo que ocurre”, que es como define la Real Academia de la Lengua (RAE) la coloquial locución adverbial estar “en el limbo”.

La siguiente es una relación de hechos ocurridos en noviembre de 2015  en el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí y cárceles de Marruecos con presos políticos saharauis , según datos de organizaciones de  Derechos Humanos y medios de información saharauis, tanto oficiales como independientes:

NOVIEMBRE SAHARAUI 2017

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