Marruecos, que desde hace años explota los recursos naturales del Sáhara Occidental, pretende acelerar su política expansionista atrayendo a grupos mineros internacionales a la región, buscando así legitimar y consolidar la ocupación militar del territorio.
En un signo claro de esta intensificación, el Office National Marocain des Hydrocarbures et des Mines (Onhym), dirigido por Amina Benkhadra, ha sido encargado recientemente de otorgar los permisos mineros en el Sáhara Occidental. Anteriormente, estos permisos eran gestionados por la Dirección de Minas del Ministerio de Transición Energética y Desarrollo Sostenible, liderado por Leïla Benali. Según un medio de comunicación francés, el objetivo de Onhym es «reforzar el atractivo de los grupos mineros internacionales para esta región», buscando «multiplicar las empresas conjuntas con juniors de exploración minera para compartir riesgos».
Marruecos ha explotado los recursos del Sáhara Occidental desde hace décadas, prolongando el conflicto y el sufrimiento del pueblo saharaui. Un ejemplo emblemático es el fosfato. En 1947, los españoles descubrieron un yacimiento de fosfato en Boucraa, y desde su salida, Marruecos ha explotado y comercializado este recurso a través de la Oficina Cherifien du Phosphate (OCP).
El Sáhara Occidental fue incluido en 1963 en la lista de territorios no autónomos de la ONU, lo que significa que Marruecos no es soberano ni potencia administradora del territorio. Sin embargo, continúa explotando ilegalmente los recursos del Sáhara Occidental con el apoyo de empresas internacionales que se benefician del conflicto, creando empleos para colonos marroquíes y exportando productos en violación de los Convenios de Ginebra.
El gobierno noruego ha calificado la exploración petrolera de Marruecos en el Sáhara Occidental como una «violación especialmente grave de las normas éticas fundamentales», argumentando que esto podría reforzar las reivindicaciones de soberanía de Marruecos y sabotear el proceso de paz de la ONU. Además, una filtración del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí reveló cómo Marruecos usa los recursos naturales del Sáhara Occidental para involucrar a otros países en su ocupación ilegal.
Los saharauis viven en condiciones miserables sin beneficiarse de las actividades comerciales rentables en su país. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación han destacado que los saharauis sufren pobreza y no disfrutan de los beneficios de las inversiones en sus tierras. En 2016, el Comité de Derechos Humanos de la ONU subrayó la necesidad de obtener el «consentimiento previo, libre e informado del pueblo saharaui» para proyectos de desarrollo y operaciones de extracción de recursos.
Marruecos, que se beneficia de la explotación del Sáhara Occidental, no gestiona los recursos de forma sostenible. Un análisis de la UE en 2011 mostró el agotamiento casi total de las poblaciones de peces frente al Sáhara Occidental. Un informe de 2017 sobre el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos confirmó la sobreexplotación de casi todas las especies pelágicas, excepto las sardinas, debido a años de intensa pesca por flotas locales, europeas y extranjeras.
La agricultura en el desierto tampoco es sostenible. El Observatorio de Recursos del Sáhara Occidental (WSRW) advirtió sobre el agotamiento de las reservas de agua subterránea en Dajla debido a la agroindustria. Además, los trabajadores del fosfato en el Sáhara Occidental han denunciado riesgos para la salud, aunque OCP niega que los subproductos tóxicos de la industria del fosfato causen enfermedades y daños ambientales.
En conclusión, la intensificación de la explotación de recursos en el Sáhara Occidental por parte de Marruecos busca consolidar su ocupación, ignorando las necesidades y derechos del pueblo saharaui y las advertencias sobre la sostenibilidad y la legalidad de estas actividades.
