Conversaciones sobre Gdeim Izik (6). La esposa de Mohamed Bani pide ayuda para viajar a Rabat a visitar al preso político

Fuente: El Sáhara de los Olvidados / Elisa Pavón / Activistas de Resistencia Saharaui en los territorios ocupados // Fotos: Muhammad Ali

El caso de Mohamed Bani es inconcebible por donde se quiera mirar. El 17 de febrero de 2013 fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Militar de Rabat, acusado de ser el autor material del atropello que costó la vida a “varios” oficiales marroquíes, cuando ni siquiera participó en el Gdeim Izik. La defensa presentó en el juicio un certificado, firmado por el Director Regional, que confirmaba que durante los días que duró la reivindicación saharaui en el Campamento de la Dignidad, del 10 de octubre al 8 de noviembre de 2010, Mohamed Bani no faltó a su puesto de trabajo como funcionario del Ministerio de Infraestructura y Equipamiento. Fue el día 7 de noviembre, al término de su jornada laboral, cuando se desplazó a visitar a su familia, con quienes permaneció sólo unas horas. Cuando trató de salir, la policía marroquí había blindado los accesos y fue arrestado. Por la mañana, aún en el campamento bajo arresto, le fueron comunicados los cargos y pasó a estar oficialmente detenido.

Mohamed Bani denunció en el juicio que durante el interrogatorio posterior, fue sometido a torturas físicas, que le originaron una lesión grave en la cabeza. Estuvo 6 días esposado, con los ojos vendados, privado de sueño y de comida y sin recibir atención médica para el traumatismo craneal, que aún continúa provocando al preso fuertes dolores de cabeza, mareos y vértigos.
En su casa familiar en El Aaiún, capital del Sahara Occidental, Hamza, Jawla y Rabab, tres de los seis hijos de Mohamed Bani, de 45 años, se concentran en torno a su esposa, Rali Ajna, y a su madre, Rkiya. “Es inocente, es inocente como muchos…”, asegura Rali Ajna, esposa que quedó abrumada al conocer la noticia de la condena a cadena perpetua para su esposo. Recordaba las palabras del preso durante el juicio, cuando expresaba que él se había exiliado a los campamentos de refugiados saharauis siendo un niño de 6 años. Allí estudió y recibió formación en valores, por lo que se llevaba las manos a la cabeza preguntando cómo le podían acusar de cometer ese crimen, si, además, estaba bajo arresto cuando se produjo el desmantelamiento del campamento. Sus reclamaciones y argumentos fueron desoídos y el Tribunal Militar no los aceptó.
Cuenta Rali Ajna que no puede ir a visitar a su marido porque “tienen problemas médicos, económicos y la lejanía supone un inconveniente a la hora de dejar a los niños”. Ella agradece todas las muestras de solidaridad recibidas y la lucha por la liberación de su marido y de los demás presos por parte de las asociaciones, activistas y amigos del pueblo saharaui, pero reconoce que “necesitamos ayuda para poder contactar con Mohamed Bani y para poder visitarle para saber cómo está, sobre todo su madre, porque aún no ha podido verle y es su único deseo antes de que su vida termine”.
Una vez más, se hace evidente que el punto focal del sufrimiento de las familias radica en la distancia con la cárcel de Sale 2, cerca de Rabat, donde todo el grupo cumple condena, con esos 1.200 km que blindan sus escasas posibilidades de visitar a los presos.
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