La lucha de Hassana Aalia por el asilo

Fuente: The Wall Street International

El activista saharaui lleva cuatro años solicitando que España lo acoja

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Antecedentes: el desmantelamiento del campamento de la Dignidad

El conflicto en el Sáhara Occidental vivió uno de sus hitos históricos más importantes hace ya algo más de cuatro años. La población saharaui se unió en el campamento Gdaim Izik (bautizado como campamento de la dignidad), a 12 kilómetros al este de la ciudad de Aaiún en dirección a la ciudad de Samra, para reivindicar su derecho a la autodeterminación. Un derecho reconocido por la ONU, que desde un principio ha intentado mediar en el conflicto sin aparente éxito.

Cerca de 20.000 personas construyeron el mayor asentamiento saharaui en los últimos veinte años de historia del conflicto. Allí se dieron cita periodistas, activistas y defensores de la causa saharaui que durante casi dos meses se mantuvieron en pie bajo constantes presiones. La iniciativa puso en jaque al gobierno de Marruecos, pero aquella demostración de resistencia pacífica acabó en tragedia. El 24 de octubre, las fuerzas de seguridad marroquíes dispararon a un coche que se acercaba al campamento. En la acción murió el joven de 14 años El Garhi Nayem. A partir de este momento, la tensión creció y tan solo 15 días después, el 8 de noviembre de 2010, a primera hora de la mañana, el ejército marroquí y las fuerzas de seguridad del Estado asaltaron el campamento desencadenando un auténtico caos.

Según el gobierno marroquí, once soldados murieron entre sus filas. Por parte saharaui fallecieron el español Baby Hammadi Buyema, atropellado por un vehículo antidisturbios, y Daudi Brahim.

Tan solo seís días después, tuve la oportunidad de viajar a la zona junto a un equipo de Antena 3 Televisión para cubrir el conflicto. Durante cuatro días permanecimos ocultos en el desierto y a las afueras de la ciudad de Aaiún, donde imperaba la ley marcial. El gobierno marroquí vetó la entrada a cualquier periodista internacional en los territorios ocupados (Provincias Meridionales para el estado marroquí) mientras el gobierno español hacía oídos sordos a lo que estaba sucediendo.

Días después fuimos devueltos a España. En la aduana del aeropuerto fui testigo del modo de proceder de la policía. Junto a nosotros viajaban los activistas Antonio Velázquez e Isabel Terraza, que habían convivido en el campamento y que posteriormente necesitaron ocultarse por miedo a las violentas represalias de las fuerzas de seguridad.

Ante nuestra atónita mirada y para su humillación pública, ambos fueron obligados antes de cruzar la aduana del aeropuerto a posar contra la pared mostrando sus fotos publicadas en los diarios españoles como si de unos terroristas se tratase. En una sala de interrogatorios anexa pude escuchar cómo se escapaban los gritos encarnizados de los agentes de seguridad que intentaban intimidar a Antonio. La policía marroquí había encontrado su pasaporte en el campamento e intentaba conseguir a base de una feroz presión que confesara haber matado a uno de los militares fallecidos en el asalto, tal y como después me confesó Antonio en el avión que nos devolvía a Canarias.

El caso de Hassana

Hassana Aalia tiene ahora 27 años, es uno de esos activistas que convivieron en el campamento y que fue condenado por las autoridades marroquíes en un juicio en el que él no estuvo presente. Le intentaron acusar de secuestro y de asesinar a un soldado durante el asalto sin ningún tipo de pruebas, aunque finalmente fue condenado por rebeldía. En enero de 2011 pidió el asilo político en España pero le fue denegado el 19 de enero de este mismo año 2015. Actualmente se encuentra en situación irregular en el país. “Es muy triste y me duele mucho que no te den el asilo político en un país europeo como España que aún sigue siendo la potencia administradora del Sáhara” me comenta mientras charlo con él por teléfono y le pregunto por su condena en Marruecos. “El tribunal militar me condenó sin presentar ni una sola prueba”, un juicio que según él no tuvo ninguna garantía tal y como también han denunciado Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

El Ministerio del Interior español dictó su salida del país después de que, junto a su abogado, presentara una Propuesta no de ley en el Parlamento que fue apoyada por todos los grupos, aunque rechazada finalmente gracias al voto del Partido Popular. Su abogado Javier Canivell, me cuenta que sus esperanzas residen ahora en el recurso que han presentado en la Audiencia Nacional para solicitar la suspensión cautelar de esa salida obligatoria del país. “Me preocupa y me resulta muy llamativo que el gobierno español no tenga en cuenta la unanimidad de organismos tan importantes como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que estuvieron presentes en el juicio, y tampoco el informe del ACNUR que postula la necesidad de protección para Hassanna.”, me confiesa.

Actualmente el arraigo de Hassanna en España es de cuatro años. Desde el desmantelamiento del Campamento de la dignidad, veintidós personas continúan presas en la cárcel de Salé, en Rabat, condenadas a cadena perpetua y a penas de 25 y 30 años de prisión por el mero hecho de participar en el campamento.

Lo cierto es que el gobierno español nunca ha mostrado una verdadera responsabilidad para mediar en el conflicto del Sáhara Occidental. Los sucesivos gobiernos han preferido mantener la perseverancia en lo que ellos denominan “el interés general” para escabullirse y valorar lo que sí es un hecho contrastado, la violación de los derechos humanos en la zona.

Surge entonces la pregunta que posiblemente ningún ministro coherente querrá responder con verdadero valor: ¿es ético, es lícito, es humano, que un país europeo apoye y mantenga relaciones de cordialidad con otro que viola los principios básicos de la Declaración Mundial de los Derechos Humanos?

Los gobiernos siempre esgrimen ese “interés general” por encima de todo lo demás, incluso sobre la muerte de personas. No les importa que sufran unas pocas mientras mantengan la estabilidad para el resto. Ese es su Leitmotiv.

Lo verdaderamente triste es que esta venda en los ojos de los estados es aceptada escalofriantemente por gran parte de la población, que sin saberlo pasa a convertirse en cómplice directa de la barbarie, sin que ello repercuta en los grandes tribunales internacionales.

La guerra de la propaganda

El gobierno marroquí mantiene sus argumentos para legitimar su ocupación de los territorios y los saharauis sostienen los suyos para reclamar su derecho como país independiente. El uso de la manipulación informativa es un arma que siempre ha imperado en todos los conflictos armados y políticos, tanto en un bando como en otro. El caso del Sáhara no es una excepción, pero hay qué pensar que, en ocasiones, ese recurso puede ser el último cartucho para los más desamparados: lo que se denomina atacar al enemigo con su propia medicina o asaltar el sistema aprovechándose del sistema. Si es lícito o no es una cuestión personal y ética que han de valorar cada uno de ustedes y todos aquellos que lo practiquen. Mahatma Gahdi definió el fin último de su resistencia pacífica en una de sus innumerables frases: “En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle.”

Al fin y al cabo, la dignidad humana es lo único que nos podrá salvar. Conseguirla es el mayor reto al que se enfrenta nuestra raza desde hace miles de años y el conflicto del Sáhara, al igual que el de Palestina y muchos otros, no solo es un problema de intereses geopolíticos o económicos, sino un problema sumamente humano.

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