Mariano Rajoy: ¿visir de Mohamed VI?

2015.04.12_Rajoy-Marruecos

Fuente: Un Elefante Curioso / Por Carlos Rey García

Soy un ciudadano de un país occidental, y vivo en una sociedad en la que la obligación primera del gobierno es servir a los ciudadanos, velar por su seguridad, proteger sus intereses, y procurar su prosperidad.

Y como el país occidental en el que vivo y del que soy ciudadano se llama España, lo razonable sería pensar que mi gobierno, el gobierno español, debería de servirme a mí y a mis conciudadanos, y que la seguridad por la que debería velar, los intereses que debería proteger, y la prosperidad que debería procurar deberían ser la seguridad, los intereses, y la prosperidad de los españoles.

Sin embargo, recientemente se han producido dos noticias que me han hecho plantearme si las cosas son tan sencillas como yo me podría imaginar.

De una parte, el 29 de marzo de 2015 un grupo de tres espeleólogos españoles sufrió un terrible accidente en Marruecos en el Alto Atlas, en el cañón del Uandras. Como consecuencia del siniestro, uno de los espeleólogos falleció en el acto, pero los otros dos sobrevivieron. Sin embargo, la posterior operación de salvamento desarrollada por la gendarmería marroquí se demoró de forma inexplicable, incurrió en lo que la mayoría de los técnicos consideran negligencias gravísimas y, a pesar de no contar con los medios adecuados, desoyó las repetidas ofertas de colaboración realizadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles (mucho más experimentados en este tipo de operaciones). El resultado de todo ello fue que un segundo espeleólogo español perdió la vida seis días después del accidente en el propio lugar de los hechos, del que nunca llegó a ser rescatado, y donde murió probablemente de frío tras caer al agua durante un intento frustrado de evacuación y quedar seguidamente expuesto a la intemperie durante toda una noche a 2.300 metros de altitud sobre el nivel del mar.

Por otro lado, el 9 de abril de 2015 el Juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, a instancias de la Fiscalía, tomó la decisión de procesar a once altos cargos de la administración marroquí, ocho militares y tres civiles, como autores de veinte delitos de genocidio en el Sahara Occidental (territorio que fue colonia española entre 1884 y 1958, y provincia integrada en el territorio nacional entre 1958 y 1976, cuando fue invadido y ocupado ilegalmente por el ejército de Marruecos) cometidos entre 1976 y 1991 contra saharauis provistos de nacionalidad española, que fueron detenidos ilegalmente, torturados, hechos desaparecer y, finalmente, asesinados, como parte de un plan preconcebido por el gobierno de Rabat para “destruir total o parcialmente” a la población autóctona y “apoderarse del territorio” de la antigua colonia y provincia española, en palabras el juez instructor.

Ante hechos como los expuestos lo que uno habría esperado, si España fuera un país occidental normal y nuestros gobernantes se comportaran como se supone que deben hacerlo los gobernantes de un país occidental normal, es que se hubiera producido una reacción enérgica y fulminante del gobierno español para, por un lado, pedir explicaciones a Marruecos por la muerte por negligencia del segundo espeleólogo español fallecido en el Alto Atlas y, por otro lado, para exigir a Rabat la detención inmediata de los altos cargos marroquíes procesados por genocidio contra ciudadanos saharauis españoles en el Sáhara Occidental, y su puesta a disposición judicial de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, ¿se han desarrollado las cosas como uno se podría imaginar, como muy probablemente habría ocurrido si nuestro país se llamara Estados Unidos, Alemania, o Francia?

Pues va a ser que no. Porque el gobierno español no le ha pedido explicaciones de ningún tipo al gobierno de Marruecos, ni tampoco le ha exigido nada.

Lo que en realidad ha sucedido es que, ante los gravísimos hechos expuestos, y cuando la opinión pública y los medios de comunicación españoles han reaccionado criticando la chapuza de rescate de los espeleólogos españoles accidentados desarrollada por la gendarmería marroquí en el Atlas y, así mismo, exigiendo que los altos cargos marroquíes responsables del genocidio de saharauis españoles en el Sáhara Occidental sean detenidos y juzgados, el que sí ha reaccionado ha sido (este sí…) el gobierno de Marruecos.

Pero claro, la reacción de Rabat no ha buscado servir a los ciudadanos españoles, velar por su seguridad, proteger sus intereses, y procurar su prosperidad, sino más bien tapar las vergüenzas del propio Marruecos y salir del aprieto.

Por el contrario, lo que Marruecos ha hecho es reaccionar con una actitud chulesca y tener la desfachatez de hacerse el ofendido por las críticas de la opinión pública y los medios de comunicación españoles, ha defendido la actuación de la gendarmería marroquí en el rescate de los espeleólogos españoles accidentados en el Atlas, y se ha permitido el lujo de insultar al juez Pablo Ruz (y, por extensión, a la Audiencia Nacional y al conjunto del sistema judicial español) al expresar su “asombro” por el “inédito” procesamiento de once altos cargos marroquíes por el presunto genocidio del pueblo saharaui, a la vez que ha descalificado las acusaciones del juez de la Audiencia Nacional asegurando que “rayan en el ridículo”.

Y mientras todo esto ocurría ¿qué ha hecho el gobierno Rajoy? Pues nada de lo que cabría esperar de un gobierno normal en un país normal. De hecho, Rajoy y sus ministros se han limitado a hacer gala de una actitud servil, claudicante y sumisa ante el gobierno de Rabat y ante Mohamed VI, el autócrata que gobierna Marruecos como su cortijo particular.

Así, el ejecutivo está ignorando las acciones y reclamaciones que pretenden ejercer las familias de los espeleólogos accidentados ante la Administración marroquí, a la vez que la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría no duda en afirmar que “España respeta las circunstancias del país de origen” y que “Marruecos es un Estado soberano que tiene sus propios protocolos de actuación” en casos de rescates.

Y en cuanto al procesamiento dictado por el juez Ruz, la vicepresidenta ha ido incluso más allá y ha manifestado que se trata de un asunto en manos de la Justicia en el que España se “acomodará a los parámetros de la legalidad internacional” pero siempre intentando “preservar las relaciones y la máxima colaboración” con Marruecos.

Y si se ha manifestado de esta forma la vicepresidenta el gobierno, ¿qué ha dicho el ministro de asuntos exteriores José Manuel García Margallo? Pues decir, lo que se dice decir, no ha dicho nada, aunque en su entorno del ministerio se cree, por lo que publican los medios, que se ha abortado la crisis con Rabat gracias a las declaraciones de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, de lo cual se felicitan.

De hecho, da la sensación de que, si hubiera sido necesario, el señor ministro de exteriores habría sido capaz hasta de ocuparse personalmente en hacer desaparecer las pruebas del genocidio sufrido por los saharauis de nacionalidad española a manos de los asesinos y torturadores de Marruecos, con tal de ahorrarse un disgusto con Rabat, no sea que los marroquíes se molesten… (Es como si el ministro de exteriores del gobierno polaco se hubiera dedicado a exculpar los crímenes nazis durante la II Guerra Mundial y a tapar los asesinatos de la Gestapo en la Varsovia ocupada para no meterse en problemas…).

Vamos, que al gobierno de España no parece importarle que un ciudadano español muera por negligencia y desatención por parte de las autoridades marroquíes seis días después de sufrir un accidente en el Alto Atlas, ni tampoco que al menos veinte saharauis con nacionalidad española fueran detenidos ilegalmente, torturados, hechos desaparecer y, finalmente, asesinados por funcionarios marroquíes. Porque lo único que parece importarte al gobierno de Mariano Rajoy, es “preservar las relaciones y la máxima colaboración” con Marruecos…

Obviamente en Rabat no saben qué quiere decir dar cuentas por las negligencias en la gestión de los asuntos públicos, ni qué son los DDHH y los crímenes contra la humanidad, tampoco quien fue Montesquieu y qué significan la separación de poderes, la independencia de la Justicia y el imperio de la Ley. Sin embargo Mariano Rajoy sí tendría saber todo eso, y debería poner todo su empeño en proteger a los españoles en el extranjero y en denunciar y perseguir los crímenes horribles que nuestros conciudadanos hayan sufrido, en vez de arrastrarse ante un autócrata inmoral como Mohamed VI a cambio de sabe Dios qué favores inconfesables.

Al final uno se queda con la sensación de que el máximo empeño de Rajoy y sus ministros no es servir a los ciudadanos, ni velar por su seguridad, proteger sus intereses, y procurar su prosperidad, sino, más bien ganar puntos para caerle bien al gobierno de Rabat y para congraciarse con Mohamed VI.

No, si igual todo se reduce a que Mariano Rajoy, ante el riesgo de perder las próximas elecciones, se está preparando el terreno para intentar convertirse en visir de Mohamed VI, con Soraya de odalisca del Majzén y García Margallo de walí en el Sáhara Ocupado…

 

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