Un genocidio, varias responsabilidades

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Fuente: noticiasdegipuzkoa.com

El procesamiento de 11 militares y altos cargos marroquíes por la represión en el Sáhara devuelve a la agenda internacional la cruda realidad del conflicto y los incumplimientos de las directrices de la ONU por 34 años

El procesamiento en la Audiencia Nacional de once militares y altos cargos marroquíes acusados de genocidio en el Sáhara debería ser el primer paso para poner fin a la ocupación ilegal por Marruecos y el inicio de la persecución internacional contra los responsables de la violenta represión y el régimen de colonización y violencia que dura ya 40 años.

Los hechos que se imputan en el sumario abordan delitos cometidos entre 1975 y 1992 y forman parte del expediente Meheris, la investigación forense realizada por la Sociedad Aranzadi y el colectivo Hegoa con Paco Etxeberria y Carlos Beristain al frente. Pese a lo escalofriante de los hechos recogidos en este informe, conforman solo una pequeña parte de la larga lista de violaciones de los derechos políticos del pueblo saharaui y un mínimo ejemplo de las violaciones de derechos humanos que la dinastía alauita del actual Mohamed VI -y antes de su padre Hassan II- ha practicado también después de ese periodo. El régimen de Rabat mantiene un régimen de terror en las zonas ocupadas, obliga a vivir en el desierto como refugiados a 200.000 saharauis, practica sistemáticamente la tortura y la violencia y utiliza la colonización masiva para modificar la realidad cultural y social del Sáhara.

Ni España, ni Francia, ni EEUU, las potencias occidentales de mayor relación con el conflicto, han estado a la altura mínima exigible en la defensa de la ética democrática, de los derechos humanos y del derecho internacional, aceptando someter los derechos democráticos y políticos de miles de saharauis a la imposición de los intereses económicos y geopolíticos de Rabat.

En concreto, el Estado español, máximo responsable como potencia colonizadora y administradora del territorio ante la ONU, ha extendido su abandono hasta hoy, anteponiendo de forma obscena sus intereses comerciales a los derechos más elementales, responsabilidad en la que el auto del juez Ruz no se detiene. Sin embargo, la actuación judicial, de dudoso recorrido efectivo, logra al menos volver a situar en la agenda internacional el conflicto del Sáhara y el expolio económico y natural de sus fosfatos, sus bancos de pesca y su petróleo en la frontera con Argelia, repetidamente denunciados ante y por la ONU, también culpable por omisión del incumplimiento de los acuerdos internacionales que, desde 1981, plantearon un referendo de autodeterminación como vía democrática de solución al conflicto.

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