Día: 10 octubre, 2015

Fuente: GARA / Editorial

El Parlamento de Gasteiz se pronunció ayer unánimemente en contra de la detención, el pasado martes, de Hassana Aalia y exigió al Ministerio del Interior español la concesión de asilo político al joven saharaui. Esa unanimidad incluye, claro está, al PP, partido que en febrero hizo valer su mayoría absoluta en el Congreso español para rechazar la misma petición, que previamente también había denegado Interior.

La negativa del Gobierno español al asilo tuvo lugar en enero pasado, meses antes de que Alemania diera luz verde a la acogida de quienes huyen de conflictos armados o situaciones de peligro en países que no respetan los derechos humanos –algo tan simple como respetar la normativa europea al respecto–. Marruecos es uno de esos países, a pesar de las constantes alabanzas del Gobierno español a sus buenas relaciones con el ocupante en cuyas manos dejó la suerte del pueblo saharaui, haciendo dejación de sus obligaciones de descolonización. Y Hassana Aalia es un ejemplo de las innumerables vulneraciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental por parte de la Monarquía marroquí. En un proceso cuestionado por observadores internacionales, fue condenado a cadena perpetua, junto a otros 23 activistas, por participar en 2010 en una protesta pacífica en Gdeim Izik, un campamento que fue desalojado de forma extremadamente violenta por el Ejército marroquí. En 2011 llegó a Euskal Herria, un país sobre el que, como en el suyo, las decisiones fundamentales son tomadas por un Gobierno ajeno, el mismo que a él le deniega el derecho de asilo, y lo hace fundamentando su decisión en la legalidad, la del Tribunal Militar de Rabat.

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