Fuente: NAIZ
Tras cinco años, la Audiencia Nacional española ha reconocido el estatus de refugiado político al activista saharaui Hassanna Aalia, que en una rueda de prensa en Bilbo se ha mostrado emocionado y ha dado gracias a quienes le han apoyado. «Lo celebraré cuando todos los presos y refugiados saharauis sean libres».
La Audiencia Nacional española ha reconocido el estatus de refugiado político de Hassanna Aalia. El activista saharaui ha estado cinco años luchando por conseguirlo, frente a la reclamación de Marruecos para su extradición y la orden de expulsión emitida por el Estado español.
El joven saharaui ha agradecido el apoyo recibido durante este largo proceso de cinco años y se ha mostrado emocionado por la noticia. Sin embargo, ha remarcado que lo celebrará «cuando todos los presos y refugiados saharauis sean libres».
«Ha sido un proceso muy largo y duro, aunque muy bonito a su vez, ya que me he sentido acompañado y apoyado por muchas personas, organizaciones e instituciones durante estos cinco años», ha manifestado el activista. La sentencia es aún recurrible ante el Tribunal Supremo. A este respecto, ha afirmado que si se recurre «habrá otros intereses por encima del derecho de asilo» y ha reconocido que la actitud del Gobierno español está mediatizada por intereses políticos y no jurídicos. Hassanna Aalia ha reivindicado el derecho a asilo para todas las personas.
El abogado Javier Canivell, a quien se notificó el lunes la sentencia, ha explicado que ahora el Ejecutivo español tiene 30 días hábiles para recurrir. «Aunque es una gran noticia, tenemos que recordar que lamentablemente no suele ser habitual la concesión de la protección para las y los saharauis», ha lamentado, al tiempo que ha pedido que se facilite la llegada a la UE de refugiados, retirando valla y concertinas.
Condenado a cadena perpetua
Aalia fue condenado en ausencia a cadena perpetua por un tribunal militar marroquí en 2013 por participar en el campamento saharaui de protesta pacífica Gdeim Izik.
Sin embargo, el Ministerio de Interior español rechazó admitir a trámite su petición de asilo en el Estado español, una denegación que implica la salida obligatoria del territorio. El activista, con apoyo de CEAR Euskadi, recurrió al tribunal especial, que el 26 de marzo estableció como medida cautelar que el joven permaneciese en el Estado hasta que su recurso se resolviese.
En octubre del año pasado, la Audiencia Nacional decidió paralizar la expulsión hasta que se resolviese el caso.