Fuente: partidoequo.es
Esta mañana, sábado 14 de enero, ha llegado al puerto de Las Palmas de Gran Canaria el barco “Key Bay” con un cargamento de aceite de pescado supuestamente proveniente del territorio ocupado del Sahara Occidental. EQUO, a través de Pilar Alavarez -concejala de EQUO por Las Palmas Gran Canaria Puede- y de Florent Marcellesi, eurodiputado de EQUO, ha exigido que la Guardia Civil y la autoridad portuaria controlen el barco, el certificado de la ruta y el certificado de origen del cargamento.
En palabras de Florent Marcellesi, “La sentencia de la Corte de Justicia Europea del pasado 21 de diciembre es clarísima: los acuerdos de comercio entre la UE y Marruecos no se aplican al territorio del Sahara Occidental. Cualquier intercambio comercial entre la UE y Marruecos que provendría del Sahara Occidental y sin el consentimiento del pueblo saharaui es ilegal.
Según nuestras informaciones, el barco “Key Bay” contiene un cargamento de aceite de pescado que proviene del Sahara Occidental y no tiene el consentimiento del pueblo saharui. Llamamos por tanto las autoridades españolas a controlar el barco y, en caso de confirmar su provenencia, detener el barco y cargamento. Vamos a informar a la Comisión Europea de los hechos y pedir que actúe con firmeza.”
Nuestra concejala de EQUO por Las Palmas Gran Canaria Puede y presente en el puerto de Las Palmas, Pilar Álvarez, ha declarado que “Ante la gravedad de los hechos, hemos exigido a la Guardia Civil y la autoridad portuaria que controlen inmediatamente el barco “Key Bay”, el certificado de la ruta y el certificado de origen del cargamento.Si se confirma que el certificado de origen lo dio el Reino de Marruecos y no el Frente Polisario, pediremos la detención del barco y su cargamento por infringir de forma tajante la sentencia de la Corte de Justicia Europea.
Como concejala, estoy comprometida con hacer respetar la ley europea. Recordamos una vez más que el derecho del pueblo saharaui a la auto-determinación, lo que incluye su derecho a controlar sus recursos naturales. Esperamos una acción rápida y proactiva de las autoridades españolas ante esta violación flagrante del derecho europeo e internacional.”