Los abajo firmantes, académicos, activistas y defensores de derechos humanos, dirigentes sociales y políticos, estudiantes y periodistas, expresan su profundo repudio e indignación ante las condenas ilegales e injustas del pasado 19 de julio del 2017, del Tribunal de Apelaciones de Rabat, Marruecos, en contra de 23 activistas saharauis que integran el denominado Grupo de Gdeim Izik (1), quienes recibieron penas de prisión entre dos años y cadena perpetua, luego de un dilatado proceso plagado de irregularidades y ausencia absoluta de garantías procesales.
Los activistas saharauis habían sido sentenciados, inicialmente, por la Corte Militar de Rabat, violando las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, que prohíben que civiles sean juzgados en una jurisdicción militar. En esa primera sentencia, el 17 de febrero del 2013, el tribunal militar se basó en confesiones obtenidas bajo tortura y presuntas pruebas que no establecían vínculos directos con los acusados.
Diversas organizaciones regionales e internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y Human Rights Watch, denunciaron y cuestionaron ese proceso judicial.
El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (2), en su 59º periodo de sesiones, adoptó una decisión sobre el caso de Naâma Asfari, uno de los 25 activistas saharauis procesados, en la que instó a Marruecos a que indemnice a la víctima de manera justa y adecuada, con inclusión de los medios para su rehabilitación lo más completa posible y lleve a cabo una investigación imparcial y exhaustiva sobre los hechos en cuestión.
El Tribunal de Apelaciones de Rabat, con su sentencia ilegal e injusta, evidencia su falta de independencia, imparcialidad y competencia, y envía un mensaje intimidatorio y de terror a la población saharaui en los Territorios Ocupados.
Los abajo firmantes, una vez más, exhortan a las Naciones Unidas, en especial al Consejo de Seguridad y al Comité Especial de los 24, a poner término al actual status quo y concluir el proceso de descolonización, según la legalidad internacional, mediante el referéndum de autodeterminación.
Los Reinos de España y Marruecos deben cumplir con sus obligaciones contraídas ante la comunidad internacional. Desde el 31 de octubre de 1975, fecha de la invasión marroquí al Sáhara Occidental, han transcurrido 42 años de ocupación y despojo, y esta situación debe concluir.
¡El Sáhara Occidental es del pueblo saharaui!
Quito, agosto 4 del 2017
(1) Campamento de la resistencia pacífica saharaui en las afueras de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado, que fue desmantelado a sangre y fuego el 8 de noviembre del 2010.
(2) Documento ONU: CAT/C/59/D/606/2014.
PRONUNCIAMIENTO INTERNACIONAL
SENTENCIAS A ACTIVISTAS SAHARAUIS DEL GRUPO DE GDEIM
IZIK SON ILEGALES E INJUSTAS Y EVIDENCIAN EL RÉGIMEN DE
TERROR DE LA MONARQUÍA MARROQUÍ
Carmen Herrera
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos
Ciudad de México, México
Feliciano Reyna
Acción Solidaria en VIH/sida
Caracas, Venezuela
Alexandra Córdoba Heredia y Katheryne Aldana Villalobos
Asociación Colombiana de Amistad con el Pueblo Saharaui (ACOLPS)
Bogotá, Colombia
Pablo A. de la Vega M.
Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS)
Isabel Terán
Casa de los Pueblos
Susana Peñafiel A.
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
CIVILIS Derechos Humanos
Caracas, Venezuela
Elsie Monge
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Manuel María Mercedes Medina
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
Santo Domingo, República Dominicana
Fernando Garzón O.
Comité Ecuatoriano de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CESPP)
Billy Navarrete Benavidez
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH)
Yumac Ortiz
Corporación Procultur
Carlos Pérez Guartambel
Confederación Kichwa del Ecuador
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)
Karla Calapaqui
Fundación Dayuma para la Defensa de los Derechos Humanos
Humano Derecho Radio Estación
Caracas, Venezuela
Martha Figueroa Mier
Grupo de Mujeres de San Cristóbal las Casas, A.C.
Chiapas, México
Laboratorio de Paz
Caracas, Venezuela
Carlos Andrade
Partido Comunista Ecuatoriano (PCE)
Anabella Sibrián
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Guatemala / Suiza
Rafael Uzcátegui
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
Caracas, Venezuela
Redes Ayuda
Caracas, Venezuela
Adhesiones personales:
– Annalisa Melandri, activista de derechos humanos (Italia)
– Antonio Guerrero Drouet, escritor y poeta, miembro de la Unión de Artistas Populares del Ecuador
(UNAPE)
– Fernando Gutiérrez Vera, jurista, ex Defensor del Pueblo de Ecuador
– Gonzalo Ortiz Crespo, escritor, historiador, político
– Hugo Noboa Cruz, médico, activista de derechos humanos
– Jo D’Elia, activista de derechos humanos (Venezuela)
– Jorge Alejandro Suárez Saponaro, abogado y escritor (Argentina)
– Kintto Lucas, escritor y periodista, ex vicecanciller de Ecuador
– Lidia García, socióloga, activista de derechos humanos
– Telmo Eduardo Jaramillo Ramírez, abogado, activista de derechos humanos
– Pilar Tordera, activista de derechos humanos (España/Ecuador)
Adhesiones (hasta jueves 3, 24h00):
asoecuatorianasaharaui@gmail.com
montesdh@uio.sat.net
