En un detallado informe [1], la activista portuguesa de derechos humanos, Isabel Lourenço, denuncia las ilegalidades cometidas durante el juicio de los presos políticos saharauis conocidos como Grupo Gdeim Izik.
Este grupo fue secuestrado, detenido arbitrariamente y torturado en 2010 tras el desmantelamiento por las fuerzas de ocupación marroquíes en el Sáhara Occidental del pacífico campamento de protesta conocido como Gdeim Izik y que Noam Chomsky caracterizó como el inicio de la primavera árabe.
Los acusados fueron condenados en un juicio militar en 2013, pero el Tribunal de Casación, el más alto tribunal de Marruecos, ordenó un nuevo proceso civil, debido a la falta de pruebas en relación con los crímenes de los que fueron acusados y el hecho de que todo el juicio militar se basaba únicamente en autos de la policía.
En el juicio anterior, el tribunal militar en Rabat condenó a todos los acusados exclusivamente sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura.
En respuesta a una denuncia presentada por Asfari, representado por la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT-Francia), el Comité de la ONU contra la Tortura concluyó el 15 de noviembre de 2016 que Marruecos violó la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura en lo que se refiere a Naama Asfari.
La Sra. Lourenço, que es miembro de la Fundación Sahara Occidental y colaboradora de porunsaharalibre.org, participó en el juicio que comenzó el 26 de diciembre de 2016 y terminó en julio de 2017 en el tribunal de apelación de Salé, Rabat, y fue también observadora internacional en el tribunal militar, habiendo, por tanto, participó de todos los días de los dos procesos.
19 de los detenidos recibieron sentencias que van de 20, 25 o 30 años a cadena perpetua.
En las conclusiones del informe, la señora Lourenço destaca la violación de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio justo, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la 4ª Convención de Ginebra, así como en la Ley y la Constitución de Marruecos.
El informe hace un profundo análisis de los acontecimientos que llevaron al juicio y las responsabilidades no sólo del poder de ocupación, el Reino de Marruecos, sino también de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas.
Como se puede leer en el resumen de los procedimientos y conclusiones, este juicio debe ser considerado de carácter político y el grupo de Gedeim Izik como prisioneros políticos injustos y arbitrariamente detenidos.
El 16 de septiembre de 2017, los 19 activistas de derechos humanos y prisioneros políticos fueron separados y trasladados a 6 prisiones diferentes en Marruecos permaneciendo en paradero desconocido durante más de 24 horas. 6 de ellos están actualmente en huelga de hambre.
Estas transferencias ocurrieron sólo unas semanas antes de la primera visita del subcomité de la ONU contra la tortura a Marruecos.
En 2014, el grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria visitó el Grupo Gdeim Izik, excepto al Sr. Larroussi, que las autoridades marroquíes separaron del grupo. Larroussi fue víctima de tortura extrema y sistemática, su condición de salud es crítica y, durante el tribunal militar, sus ropas estuvieron varias veces manchadas de sangre.
[1] Ver aquí: Informe