La Provincia .- Carmelo Ramírez acusa a la compañía Binter de operar con vuelos «ilegales» con Dajla y El Aaiún y de «saltarse» la legalidad internacional y los derechos de los saharauis
El Cabildo de Gran Canaria vuelve a la carga en su rechazo a los vuelos de Binter a Dajla y El Aaiún, dos ciudades que están situadas en los territorios del Sahara Occidental. Sube un escaño más. Ahora de una manera más directa. En un comunicado institucional con la imagen oficial de la corporación insular el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad, Carmelo Ramírez, acusa a la compañía aérea canaria de vulnerar la legalidad internacional, de mantener una conexión aérea con ambas ciudades con una «licencia ilegal» y de ser al final cómplice de que Marruecos siga sometiendo con una «violenta ocupación» al pueblo saharaui.
Esta escalada en el conflicto abierto por el Gobierno insular de Gran Canaria respecto a que el único interlocutor para todo tipo de acuerdos comerciales y relaciones internacionales con el Sáhara es el Frente Polisario, una política respalda y alentada por su presidente, Antonio Morales, cuestiona las autorizaciones otorgadas por Aviación Civil y de todos los organismos para que Binter pueda volar al Sáhara, con El Aaiún desde 2005 y con Dajla desde 2017.
Con el ánimo de aclarar, según Carmelo Ramírez, la polémica sobre los vuelos de Binter al Sáhara, en un comunicado oficial el consejero de Cooperación Institucional relata las resoluciones internacionales por las que entiende que Marruecos ocupa por la fuerza esta zona desde 1975, incumpliendo los acuerdos de la ONU y la legalidad internacional. Un argumento en el que se basa para concluir que las licencias o acuerdos otorgados por Marruecos, en el caso de Canarias las licencias dadas a Binter para volar a El Aaiún y Dajla, son ilegales.
«Cualquier empresa que tenga algún tipo de actividad económica relacionada con el territorio del Sáhara Occidental está vulnerando la legalidad internacional y los derechos reconocidos al Pueblo Saharaui, tal como está sucediendo con empresas de transporte», sostiene el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo. «Ninguna de las empresas que operan en el Sáhara Occidental basándose en licencias otorgadas por el Gobierno de Marruecos está respetando las leyes internacionales ya que este territorio no forma parte de la integridad territorial marroquí»,
Ramírez ahonda en el argumentario que viene defendiendo desde que las autoridades de las «Provincias del Sur de Marruecos» -según la terminología con que el reino alauí se refiere a gran región de Dajla-Río de Oro- hicieran un público llamamiento a las empresas españolas, en general, y canarias, en particular, para invertir en la zona. «Se deben respetar todas las resoluciones y las sentencias de los organismos y tribunales internacionales que reafirman, una y otra vez, que el Sahara Occidental no pertenece a la soberanía de Marruecos y que se debe celebrar el referéndum de autodeterminación para garantizar la solución pacífica y evitar el retorno a la guerra, lo que produciría unas consecuencias irreparables en la economía canaria», expone el consejero insular.
Ramírez da así respuesta a la compañía Binter, cuyo presidente, Pedro Agustín del Castillo, calificó de «incomprensible» que una institución de tanta importancia como el Cabildo de Gran Canaria «no defienda a las empresas canarias». Del Castillo respondía de esta forma al parecer de la corporación que preside Antonio Morales, expresada por el propio Ramírez, de que los vuelos de la aerolínea canaria a las ciudades de Dajla y El Aaiún «incumplen la legalidad internacional», habida cuenta de que no tienen el sí del Frente Polisario y de la autodenominada República Árabe Saharaui Democrática, a los que considera únicos interlocutores válidos en la zona. Este planteamiento del Cabildo ha provocado un unánime rechazo del Gobierno de España, de Canarias, de Marruecos y de los empresarios.