Presos políticos Gdeim Izik: la excusa de la soberanía para justificar la tortura

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PUSL.- Un año después de la confirmación de sus sentencias, los presos políticos saharauis siguen siendo torturados en las cárceles marroquíes, a la espera de una nueva decisión del Tribunal Supremo marroquí.

Esperar por esta decisión da esperanza a los prisioneros, a las familias y a su apoyo. De hecho, en 2016, la agenda política marroquí llevó a la anulación del juicio del Tribunal Militar considerado injusto e ilegal por varias ONG e instituciones. En realidad, esta anulación permitió que el Reino de Marruecos argumentar que los prisioneros no habían agotado los recursos internos y, por ello, impidió la aplicación de decisiones de la ONU, como la del Comité contra la Tortura y la opinión del Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria. De la misma forma, la separación de poderes permite al Reino no liberar a esos presos inocentes en ausencia de una decisión judicial a tal efecto.

Sólo un lector bien informado sabe que el Tribunal Supremo marroquí sólo puede decidir en cuestiones de derecho; no puede volver atrás en los hechos. Además, en 2016, remitió el caso al Tribunal de Recursos de Rabat, sin concluir que los prisioneros fueran inmediatamente liberados, aunque constató que no había pruebas de su culpa más allá de las confesiones escritas por la policía y la Gendarmería Real. Esto significa que, ocho años después de los primeros actos de tortura a los que se sometieron los prisioneros, ninguna investigación se abrió, aunque eso llevase a la conclusión de que las confesiones eran inválidas y así llevar a la liberación de prisioneros.

Hoy, nadie sabe cuándo el Tribunal Supremo marroquí tomará una decisión. Lo que, sin embargo, es cierto es que ninguna investigación de los hechos de tortura será exigida por la Corte.

Peor aún, es probable que el proceso continúe en el caso de un envío a un Tribunal de Apelación. Tenemos que ver un nuevo intento de las autoridades marroquíes de ganar tiempo; como si la situación actual fuera perfectamente legal. Sin embargo, viola los principios más básicos de los derechos de los prisioneros. En ausencia de un juicio final, esos prisioneros permanecen en prisión preventiva por 8 años, a pesar de su inocencia. Sin embargo, un estado democrático no mantendría a los hombres presos por ocho años sin un juicio final, absteniéndose de investigar los hechos de la tortura.

Esta falta de investigación y las violaciones graves y cotidianas de los derechos fundamentales de los prisioneros no representan un problema para el Reino de Marruecos, que meramente recuerda la soberanía de que goza, por una parte, para no respetar pura y simplemente el sistema formal, la prohibición de la tortura y, por otro lado, violar las convocatorias de la ONU.

Los prisioneros están todos en un estado preocupante de salud: ya existen daños irreversibles a su salud. La mayoría de ellos fueron privados de luz, encerrados en celdas durante 22 horas o incluso durante todo el día, sin apoyo médico. Además de las degradaciones físicas, sufren de depresión severa y no tienen esperanza.

Estos tratamientos inhumanos tienen como objetivo matar lo que resta de esos hombres inocentes. Todavía habrá tiempo para que el Reino encuentre excusas para liberar a los más fragiles y dejarlos morir en indiferencia como el prisionero político del grupo Mohamed AYOUB, que murió en febrero pasado tras la tortura sufrida.

Por lo tanto, es más que necesario que las instituciones internacionales recuerden al Reino de Marruecos su obligación de cooperación y dar sentido al derecho internacional público. La ratificación de instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y su Protocolo Facultativo es, de hecho, insuficiente en esta fase, ya que Marruecos se niega a aplicar cualquier recomendación o decisión relativa a los presos políticos saharauis. La reanudación sistemática de la tortura de prisioneros durante este año es finalmente otra provocación abierta y no puede ser justificada alegando nuevo encaminamiento al Tribunal Supremo marroquí.