La Voz de Galicia.- El 91,2 % de las capturas que realiza la flota comunitaria bajo el acuerdo pesquero con Marruecos provienen de las aguas del Sáhara occidental. Las mismas que el Tribunal de Justicia de la UE se encargó de blindar el 27 de febrero tras considerar que el reino alauí no tiene jurisdicción sobre ese territorio ocupado.
El dictamen ha obligado a Bruselas a buscar un atajo legal para permitir que 49 buques españoles, 4 gallegos, vuelvan a sus aguas. La estrategia que ha seguido la Comisión para conseguir el visto bueno de la Eurocámara al nuevo texto ha sido la de apelar a una supuesta consulta a los saharauis de la que nunca han trascendido detalles. La falta de transparencia y las dudas sobre el proceso hacen que el acuerdo se tambalee. El último torpedo lo lanzó ayer el portavoz del Frente Polisario, Mohamed Sidati, que acusó al equipo negociador de mentir y de estar desarrollando en el Sáhara «una estructura de pillaje». «Dijeron que harían consultas incluyendo al Frente Polisario, pero nunca las hubo», denunció antes de pedir a la UE un referendo: «Somos un pueblo generoso, no habrá problema para cerrar un pacto», insistió Sidati. Lejos de responder a las acusaciones, los responsables de la Comisión guardaron silencio.
