teinteresa.es .- La responsable de la negociación en la Eurocámara del acuerdo para incluir al Sáhara Occidental en el acuerdo comercial de productos agrícolas y pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos, la eurodiputada liberal francesa, Patricia Lalonde, ha renunciado como ponente por un conflicto de intereses por sus presuntos vínculos con Rabat.
La eurodiputada gala, que incluso fue miembro del Consejo de EuroMedA con estrecha vinculación al Gobierno marroquí, se apartó como ponente antes de que se votará el lunes el acuerdo en la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara, según anunció el presidente de la Comisión, el socialista alemán Bernard Lange.
Lange ha asegurado en todo caso que, tras «las discusiones sobre la independencia de la ponente respecto a Marruecos», su caso «será investigado por un comité específico del Parlamento» para determinar si se han respetado las normas éticas de la institución.
La Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara, la competente en el acuerdo, recomendó el lunes por 25 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones que la institución dé su consentimiento a la inclusión de los productos del Sáhara Occidental en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos para que puedan beneficiarse de las mismas ayudas comerciales que los productos marroquíes.
Los Verdes se negaron a votar de antemano la propuesta alegando que sigue siendo el resultado de «un claro conflicto de interés», mientras que la Izquierda Unitaria, incluidos los eurodiputados de Podemos, Miguel Urban y de IU, Paloma López, votaron en contra y los socialistas votaron divididos.
La eurodiputada socialista, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, sí votó a favor de extender el acuerdo al Sáhara Occidental, junto con el grupo popular, los conservadores y reformistas, liberales y el grupo euroescéptico del grupo de la Libertad y la Democracia Directa (EFDD).
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en diciembre de 2016 que el Sáhara Occidental estaba «excluido» del ámbito de aplicación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos a menos que figure expresamente en el texto del acuerdo y cuente con el consentimiento del pueblo saharaui.
A raíz de la sentencia, la Comisión Europea presentó en junio de este año una propuesta para modificar varios protocolos del acuerdo para garantizar una base jurídica que autorizara la concesión de ventajas comerciales –reducción de aranceles– a los productos originados en el Sáhara Occidental.
«Los productos originarios del Sáhara Occidental que son objeto de control por parte de las autoridades aduaneras marroquíes se beneficiarán de las mismas preferencias comerciales otorgadas por la UE a los productos cubiertos en el acuerdo de asociación», según la propuesta de Bruselas, que necesita el visto bueno de los Gobiernos europeos, que todavía deben aprobar la propuesta, y del consentimiento de la Eurocámara.
Los eurodiputados han respaldado la propuesta en su mayoría –que ahora se elevará al pleno de la Eurocámara para su consentimiento global– después de que hayan logrado introducir un mecanismo para identificar y rastrear los productos originarios del Sáhara Occidental que ha sido acordado entre la Comisión y Marruecos.
El objetivo del mecanismo es garantizar que la población saharaui se beneficia de las ventajas arancelarias, algo que deberá poder medirse, otra de las reclamaciones de los eurodiputados para respaldar el acuerdo.
En una declaración que acompaña a su propuesta de recomendar que la Eurocámara dé su consentimiento al acuerdo, aprobada por 24 votos contra nueve y tres abstenciones, los eurodiputados justifican su visto bueno porque «el pueblo saharaui tiene derecho al desarrollo mientras espera una solución política» sobre su estatus final.
Además, han defendido que las ventajas comerciales que el territorio ha recibido entre 2013 y 2016 han tenido un impacto positivo en los sectores agrícolas y pesquero, pero también para las inversiones en infraestructura, la salud y la educación y no aplicar las ventajas –que fueron retiradas tras la sentencia de 2016– tendría efectos «adversos».
El representante del Frente Polisario en la UE, Mohamed Sidati, ha considerado «una vergüenza» que la Eurocámara haya respaldado un acuerdo «claramente ilegal» después de que la ponente «se ha visto obligada» a apartarse por un «flagrante delito de conflicto de intereses» y ha dejado claro que no tendrán «otra opción» que volver al Tribunal de Justicia europeo tras recordar que incluso los servicios jurídicos de la Eurocámara concluyeron que «no es seguro» que el pueblo saharaui haya dado su consentimiento al mismo.
La colonia española del Sáhara fue ocupada en 1975 por Marruecos y Mauritania tras los Acuerdos Tripartitos, firmados el 14 de noviembre de 1975, que cedían la soberanía del Sáhara español a estos dos países.
Tras una breve guerra, el movimiento independentista Frente Polisario expulsó a Mauritania y firmó la paz y el reconocimiento mutuo con sus milicias a las puertas de Nuakchot, pero Marruecos consolidó su control sobre el territorio y miles de saharauis huyeron de la salvaje represión. Entonces comenzó la colonización marroquí del territorio.
En 1991 se firmó un alto el fuego entre ambas partes, que se comprometían a la celebración de un referéndum de autodeterminación organizado por la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, pero desde entonces las disputas sobre el censo para la votación –Marruecos quiere que voten los colonos marroquíes– ha impedido la consulta.
