No obstante, hay dudas sobre el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Tras consultar con empresas y actores políticos del Sahara Occidental, la Comisión Europea concluyó que el acuerdo de pesca era “muy beneficioso” para la población afectada. Con base en ello, los 28 mantienen que el acuerdo este acuerdo entre Bruselas y Marruecos es “la mejor garantía de explotación sostenible” de los recursos de las aguas saharauis. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta la opinión del Frente Polisario, que es el legítimo representante del pueblo saharaui y cuyo consentimiento es obligatorio, según la Justicia europea, para que los acuerdos tengan validez.
El acuerdo de pesca entre Bruselas y Marruecos expiró el pasado mes de julio y desde entonces se ha venido fraguando otro que lo sustituya. En las aguas saharauis se pesca más del 90% de las capturas de la flota europea, así que un tratado con el reino alauí que excluya estas aguas carece de sentido. En declaraciones recientes a este diario, el representante del Frente Polisario para Andalucía, Mohamed Zrug manifestaba que “45 años después de la ocupación y con una democracia bien asentada en los países europeos es inadmisible que se nos quieran robar los recursos naturales, algo que a la vez no aporta nada para la resolución del conflicto”.
Durante los últimos meses se han sucedido en el Gobierno comentarios o discursos esquivos con el conflicto del Sahara Occidental, especialmente por parte del ministro de Exteriores, Josep Borrell. “España no es potencia administradora del Sahara”, indicó recientemente. Antes de ser ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska aseguró que “España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la Potencia Administradora del territorio”, uno de los últimos lugares sin descolonizar del mundo.
En las respuestas parlamentarias que el Gobierno ha realizado ante las preguntas del diputado de Ciudadanos, Fernando Maura, el Ejecutivo ha explicado que “la posición de España se mantiene constante y es coincidente con la de la ONU, favorable a una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental”. Por ello, según el Ejecutivo, el Ministerio de Exteriores ha mostrado su apoyo al nuevo proceso negociador impulsado por el secretario general de Naciones Unidas para el Sahara Occidental, Horst Kohler, entre Marruecos, Frente Polisario, Argelia y Mauritania.
Sin embargo, Maura había realizado varias preguntas que se quedan sin respuesta por parte del Ejecutivo: ¿cómo está garantizando el Gobierno el cumplimiento de la sentencia del TJUE sobre la aplicación del acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos? ¿qué medida ha puesto en marcha o tiene previsto aprobar el Gobierno para paliar el impacto económico de esta medida sobre el sector pesquero español?
El grupo de Ciudadanos no es el único preocupado por esta cuestión, sino que el Congreso en su conjunto llegó apoyar la comparecencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para resolver esta cuestión. El ministro no consiguió resolver las dudas de los grupos parlamentarios. Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que había pedido la comparecencia, sostienen que este acuerdo, más que garantizar la pesca a los buques españoles, puede dejarlos en “una situación de inseguridad jurídica”.
El nuevo acuerdo pesquero requiere ahora el voto favorable del Parlamento Europeo, donde existe división entre los grupos que dan prioridad a respetar la Justicia y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, y aquellos favorables al acuerdo. Se espera que la Comisión de Pesca se pronuncie a finales de enero y que el plenario de la Eurocámara lo vote el próximo mes de febrero.
Por otro lado, las sentencias del TJUE, que entienden a Marruecos y el Sahara Occidental como territorios independientes, puede afectar a otros ámbitos. Según estos términos, el acuerdo de aviación civil establecido entre la UE y Marruecos no es aplicable al Sahara Occidental y su espacio aéreo. Maura también ha realizado otras dos preguntas al Gobierno que se han quedado sin respuesta: “¿tiene previsto y calculado el Gobierno el posible impacto económico que esto puede tener sobre las aerolíneas españolas?”, “¿cuáles serían “las medidas”? El Ejecutivo ha preferido, de momento, mantener silencio.
