PUSL / Jornal Tornado.- Los 19 presos políticos saharauis del grupo Gdeim Izik continúan siendo víctimas de abusos, malos tratos, torturas y negligencia médica intencionada por parte de las autoridades marroquíes.
Las represalias están empeorando cada día. La Sra. Mangin, esposa del Sr. Asfari, fue expulsado nuevamente después de haber visitado solo una vez al esposo después de 2 años de prohibición de entrar a Marruecos y una huelga de hambre de 30 días. Esta vez, la Sra. Mangin no tuvo la oportunidad de estar acompañada por el CNDH (Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos) a quien obviamente pidió ayuda antes de ir.
Marruecos ha ignorado hasta ahora las decisiones de las Naciones Unidas y ha firmado acuerdos y tratados. En el caso de Naama Asfari, a pesar de una carta del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) pidiendo el fin de cualquier represalia contra Naama, la CNDH demostró su falta de poder, a pesar de la propia ley marroquí que, en teoría, debe aplicar el OPCAT (Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura).
La visita de la CNDH a cuatro presos del Grupo Gdeim Izik encarceldos en la prisión de Tiflet 2, bajo la supervisión de la DGPAR, no ha cambiado nada. Permanecen en aislamiento prolongado. El Bachir Khadda y Mohamed Haddi por 661 días, Abdallah Abbahah por 429 días y Mohamed Bourial por más de 300 días.
El hecho de que todos sufran problemas de salud derivados de la tortura física extrema desde su detención en 2010 exacerba la situación. La ausencia de cualquier apoyo médico es otra forma de maltrato extremo.
Abdeljalil Laaroussi, detenido en la prisión de El Arjat, sufre el mismo tratamiento con aislamiento prolongado y estado de salud crítico.
Los restantes presos, ubicados en las cárceles de Kenitra, Bouzakarn y Ait Melloul, también sufren enfermedades crónicas y problemas físicos debido a la tortura. Las autoridades marroquíes se niegan a otorgarles el tratamiento adecuado.
Varios de estos prisioneros realizaron huelgas de hambre con duraciones de 72 horas a 43 días sin ninguna mejora en las condiciones y sin ningún tipo de denuncia del supuesto mecanismo nacional de prevención de la tortura, la CNDH, que demuestra su connivencia absoluta con el régimen de Alauita.
Las familias siguen siendo objeto de asedios, vigilancia, amenazas, malos tratos y, en el caso de uno de los hijos menores de Mohamed Bani, detenciones y palizas.
El hecho de que los prisioneros se mantengan a una distancia de entre 600 y 1,300 km de sus familias, encarcelados en el Reino de Marruecos, en lugar de estar en el Sahara Occidental ocupado, representa no solo una violación del derecho internacional sino también otra forma de evitar los contactos regulares con el exterior.
Dos años pasarán el próximo 19 de julio, después del último juicio de este grupo que tiene sentencias que van desde los 20 años hasta la cadena perpetua.
A pesar de las apelaciones de las ONG internacionales, estos hombres aún esperan el resultado de su apelación ante el Tribunal Supremo de Marruecos.
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