La Asociación de Solidaridad y Autodeterminación del Pueblo Saharaui (Assaraui) lamenta y repudia la posición del gobierno brasileño, manifestada en una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el conflicto en el Sahara Occidental que llevó a la ruptura de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) del acuerdo de alto el fuego con el Reino de Marruecos, firmado en 1991 bajo los auspicios de las Naciones Unidas (ONU).

La nota del gobierno brasileño dice:
En aras de la paz y la prosperidad de la paz en la región, Brasil espera que el tráfico y los flujos comerciales en el paso de Guerguerate estén garantizados sin obstáculos.

Como sabe el Itamaraty, el paso de Guerguerat está en una zona desmilitarizada cerca de la frontera con Mauritania y es una brecha ilegal abierta por Marruecos en el muro que construyó para separar los territorios que ocupa de los territorios liberados y bajo el control de la RASD. Este vacío legal, como también lo sabe el Itamaraty, viola los acuerdos firmados entre las partes, en particular el Acuerdo Militar No. 1.

El paso de Guerguerat ha sido utilizado por Marruecos para el tráfico de productos que explota en la zona ocupada del Sahara Occidental, en contra de las decisiones tomadas por la ONU desde 1975. El ataque de las fuerzas armadas marroquíes contra civiles saharauis que protestaban por la ocupación y el tráfico por el paso es lo que motivó la reacción del Ejército de Liberación del Pueblo Saharaui y la ruptura, por parte de la RASD, del acuerdo de alto el fuego.

La nota continúa:
Al reiterar su apoyo al proceso en curso dentro de las Naciones Unidas con miras a una solución justa y mutuamente aceptable para determinar el estatus final del territorio del Sáhara Occidental, el gobierno brasileño rechaza el uso de la violencia y pide respeto por la alto el fuego en vigor desde 1991.

El acuerdo de alto el fuego preveía la celebración de un referéndum en 1995 para que el pueblo saharaui decidiera soberanamente su destino. Desde entonces, el referéndum se ha pospuesto, atendiendo a intereses de Marruecos, por maniobras de Estados Unidos y Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU y por la omisión de España, antigua potencia colonizadora del Sahara Occidental.

La celebración del referéndum es la única solución justa para determinar el estatus del territorio ocupado ilegalmente por Marruecos. Su retraso por parte de la ONU durante 25 años y los ataques de tropas militares y policiales marroquíes contra civiles justifican plenamente el fin del alto el fuego de la RASD y la lucha del pueblo saharaui y su ejército por la recuperación total de su territorio.

El comunicado de Itamaraty representa una posición política que va en contra de la legalidad internacional y rompe la posición tradicional del gobierno brasileño, que siempre ha abogado por la cooperación entre las partes para buscar una solución definitiva al problema del Sáhara Occidental.

En lugar de buscar legitimar indirectamente la ocupación de parte del Sáhara Occidental por Marruecos, el gobierno brasileño debería, en nombre de la paz y la prosperidad en la región, defender la celebración del referéndum y la autodeterminación del pueblo saharaui, así como reconocer, como lo hacen más 80 países, República Árabe Saharaui Democrática.

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