hrw.org.- Sáhara Occidental
El proceso de negociación patrocinado por las Naciones Unidas entre Marruecos y el Frente Polisario, el movimiento de liberación que busca la autodeterminación en el Sáhara Occidental, la mayor parte del cual está bajo control marroquí de facto, quedó paralizado después de la renuncia en mayo de 2019 de Horst Kohler, enviado del Secretario General de la ONU. Kohler aún no había sido reemplazado en el momento de redactar este informe. Marruecos propone para el Sáhara Occidental una medida de autonomía bajo el dominio marroquí, pero rechaza un referéndum sobre la independencia, que las partes en conflicto acordaron en el contexto de un alto el fuego negociado por la ONU en 1991.
Las autoridades marroquíes impiden sistemáticamente las reuniones en el Sáhara Occidental para apoyar la autodeterminación saharaui, obstruyen el trabajo de algunas organizaciones no gubernamentales locales de derechos humanos, incluido el bloqueo de su registro legal, y en ocasiones golpean a activistas y periodistas bajo su custodia y en calles.
El 29 de septiembre, en respuesta a la creación del «Órgano saharaui contra la ocupación marroquí», un nuevo grupo pro-independencia de la conocida activista Aminatou Haidar y otros, un fiscal de El-Aaiun publicó un comunicado anunciando la apertura de una investigación judicial por «actividades (diseñadas para) dañar la integridad territorial del reino». El mismo día, la policía rodeó la casa de cinco miembros del nuevo grupo, incluido Haidar. Uno de ellos dijo a Human Rights Watch el 5 de octubre que los coches de la policía los seguían cada vez que uno de ellos salía de la casa e impedía que los invitados los visitaran.
Walid El Batal, un activista saharaui pro-autodeterminación, permanece en prisión después de que el tribunal de apelaciones de El-Aaiun, la ciudad más grande del Sahara Occidental, lo condenó en octubre de 2019 a dos años por «rebelión» e insultos a agentes de la policia. El 25 de febrero, las autoridades dijeron a Human Rights Watch que abrieron una investigación tras la publicación en YouTube, nueve meses antes, de un video que mostraba a agentes de policía golpeando severamente a El Batal y a otra persona en el momento de su arresto. El contenido de esa investigación no se hizo público en el momento de redactar este artículo, aunque las autoridades han dicho a Human Rights Watch que los tribunales de Smara y El-Aaiun han procesado o investigado a seis agentes de policía por uso ilegal de la violencia, en relación con la detención de El Batal. Human Rights Watch no pudo verificar esta información de forma independiente.
En 2020, 19 hombres saharauis permanecieron en prisión tras ser condenados en juicios injustos en 2013 y 2017 por el asesinato de 11 miembros de las fuerzas de seguridad, durante los enfrentamientos que estallaron después de que las autoridades desmantelaran por la fuerza un gran campamento de protesta en Gdeim Izik, en el Sáhara Occidental, en 2010. Ambos tribunales se basaron casi exclusivamente en sus confesiones a la policía para condenarlos, sin investigar seriamente las denuncias de que los acusados habían firmado sus confesiones bajo tortura. El Tribunal de Casación, el máximo órgano judicial de Marruecos, confirmó la sentencia el 25 de noviembre.
