PUSL.- El Gobierno español sigue sin querer asumir su responsabilidad en el conflicto del Sahara Occidental. Su postura sigue siendo la de lavarse las manos y hacer declaraciones vacías de contenido, derivando toda la responsabilidad en la resolución del conflicto a las Naciones Unidas.
La ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, en respuesta al analista político David Jimenez, en el programa de TVE “La noche 24 horas”, ha rehusado opinar sobre si la llegada de John Biden a la Casa Blanca ayudará a revertir el reconocimiento del Gobierno de Estados Unidos de la soberanía de Marruecos sobre la antigua colonia española afirmando que «Yo no voy a entrar en ese juego, es una decisión que corresponde a Estados Unidos y España ni va a quitar ni va a poner en esa discusión»
La responsable de exteriores se ha limitado a repetir el habitual discurso de la administración española con el que pretenden eludir toda responsabilidad, pretendiendo hacer ver que debe ser las Naciones Unidad quienes asuman la labor de encontrar una solución a este conflicto.
«Lo que España sí insiste, más allá de la decisión que tome Estados Unidos, que ha tomado el presidente Trump y haga lo que haga el presidente Biden, es la necesidad de revivir el proceso en las Naciones Unidas», ha señalado.
«Lo que creemos es claramente en la necesidad de revivir este procedimiento, que es legítimo porque está en ONU, porque todos están sentados alrededor de la mesa para poder resolver esta cuestión, que lleva muchos años sin solución», ha alegado.
Cabe recordar que España es directamente responsable y culpable de la situación actual del Sahara Occidental. España fue la potencia colonizadora durante casi un siglo y propició la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975, lo que posibilitó la ilegal ocupación del Sahara Occidental. Durante los más de 40 años de ocupación ningún gobierno español ha denunciado esta situación ni ha denunciado la continua violación de los DDHH en los territorios ocupados por Marruecos, en cambio ha promovido iniciativas para favorecer al ocupante marroquí como firmas acuerdos preferenciales con la UE.
España sigue siendo la potencia administradora «de jure» del territorio (ante la ley) .
Naciones Unidas considera nulo el Acuerdo de Madrid: España no podía transferir la soberanía a Marruecos y Mauritania, y por tanto la cesión de la administración no altera el estatus de territorio pendiente de descolonizar del Sáhara Occidental. Por tanto, Naciones Unidas considera que España es la potencia administradora «de jure», a pesar de que Marruecos ejerza el control sobre el territorio, y que sigue teniendo la obligación de garantizar la descolonización de la colonia.