Dr. Sidi M. Omar – Embajador Representante del Frente POLISARIO en Naciones Unidas
A los Representantes permanentesde los Estados Miembros a las Naciones Unidas Nueva York
Nueva York, 29 de abril de 2021
Excelencias,
Por recomendación de mis autoridades, tengo el honor de compartir la posición del Frente POLISARIO sobre las denuncias contenidas en comunicaciones emitidas recientemente por la misión permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas y difundidas por los medios de comunicación estatales marroquíes.
Los siguientes hechos probados tienen como objetivo aclarar las cosas y revelar las alegaciones infundadas hechas por el estado de ocupación marroquí en relación con el alto el fuego de 1991, el nombramiento del Enviado Personal del Secretario General para el Sáhara Occidental (EPSG), la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado y otras cuestiones.
- La documentada violación por Marruecos del alto el fuego de 1991 y del Acuerdo Militar Nº 1 de 1997-8 desmiente su negación del conflicto armado en curso.
Desde el 13 de noviembre de 2020, después de la violación documentada del alto el fuego de 1991 y del Acuerdo Militar No. 1 de 1997-8, el estado de ocupación marroquí continúa afirmando que no ha estallado ningún conflicto armado en el Sáhara Occidental. Si bien persiste en su estado de negación, el estado de ocupación marroquí también continúa alardeando descaradamente de su compromiso con un alto el fuego y un proceso de paz que él mismo torpedeó.
Es innegable que, en flagrante violación del cese al fuego de 1991 y del Acuerdo Militar núm. 1 1997-8, a principios del 13 de noviembre de 2020, las fuerzas de ocupación marroquíes se trasladaron a la Franja de Amortiguamiento (FA) y atacaron a un grupo de civiles saharauis que protestaban pacíficamente en Guerguerat, en el Territorio Saharaui Liberado. El estado ocupante admitió de inmediato que sus fuerzas habían realizado un «operativo» en la zona ese mismo día.
Firmado entre la MINURSO y el Frente POLISARIO el 24 de diciembre de 1997 y entre la MINURSO y Marruecos el 22 de enero de 1998, el Acuerdo Militar No. 1 establece una franja de amortiguamiento (FA) de 5 km al sur y al este del muro militar marroquí (2), donde el ingreso de tropas o equipos de ambas partes, por tierra o aire, y el disparo de armas en esta área o sobre ella está prohibido en todo momento y constituye una violación (3.1).
También es un hecho indiscutible corroborado por la MINURSO que, luego de su incursión en la Franja de Amortiguamiento, las fuerzas de ocupación marroquíes construyeron un nuevo «muro de arena» y colocaron nuevas minas en violación del Acuerdo Militar No. 1, que prohíbe la construcción de nuevos muros (arena, piedra y cemento) y la colocación de minas (3.2.1). La incursión de las fuerzas armadas de ocupación marroquíes en la zona de amortiguamiento de Guerguerat a principios del 13 de noviembre de 2020 y la construcción de un nuevo «muro de arena» minado es, por tanto, una violación del alto el fuego de 1991 y del Acuerdo Militar 1997-8.
Además, la violación por Marruecos de los términos del Acuerdo Militar No. 1 es una violación flagrante de las resoluciones del Consejo de Seguridad, incluida la resolución 2548 (2020), que reafirmó «la necesidad de respetar plenamente los acuerdos militares alcanzados con la MINURSO en lo que se refiere al alto el fuego» y pidió que «las partes deben adherirse plenamente a estos acuerdos» y «abstenerse de cualquier acción que pueda socavar las negociaciones facilitadas por la ONU o desestabilizar aún más la situación en el Sáhara Occidental» (S / RES / 2548 (2020); OP 6).
Las Naciones Unidas (A / 75/740 de 11 de febrero de 2021; párrafo 13) han reconocido «la reanudación de las hostilidades» en el Sáhara Occidental y las «diversas nuevas amenazas relacionadas con el conflicto armado», pero guardan silencio sobre la parte responsable de la violación del alto el fuego. Sin embargo, su reconocimiento de la reanudación de las hostilidades asesta un golpe contundente a la repetida afirmación del estado marroquí de que no se ha producido ningún conflicto armado en el Sáhara Occidental desde el 13 de noviembre de 2020.
El hecho de que el Consejo de Seguridad no haya asumido su responsabilidad a este respecto, lamentablemente, envía un mensaje peligroso de que el estado de ocupación marroquí puede violar su compromiso con el alto el fuego y permanece impune. Las graves consecuencias de esta actitud complaciente son fáciles de predecir, porque no solo entorpecen las perspectivas de relanzamiento del proceso de paz, sino que también dejan la puerta abierta a la escalada del conflicto armado en curso.
- La obstrucción deliberada de Marruecos de los esfuerzos por nombrar un nuevo Enviado Personal al Secretario General para el Sáhara Occidental (EPSG) revela mucho sobre sus verdaderas intenciones.
Después de frustrar los esfuerzos del Presidente Horst Köhler, quien renunció en mayo de 2019, con el objetivo de mantener el status quo, el estado de ocupación marroquí ha decidido impedir todos los esfuerzos posteriores para nombrar un nuevo Enviado Personal del Secretario General para el Sáhara Occidental (EPSG). No es ningún secreto que Marruecos no solo ha vetado a varios candidatos para el puesto de EPSG. También ha tratado de influir en el proceso mediante un conjunto de condiciones previas que excluyen de forma abusiva a ciudadanos de un grupo de Estados miembros de la ONU (incluidos Australia, Alemania, Países Bajos, países escandinavos, Suiza, entre otros) de ser considerados para el puesto de EPSG. Estas condiciones previas, que limitan indebidamente la gama de posibles candidatos, evidentemente han dificultado aún más la nominación de un nuevo EPSG para el Sáhara Occidental.
Según informó la agencia de noticias marroquí (MAP) el 19 de abril de 2021, el embajador del estado de ocupación marroquí ante las Naciones Unidas dirigió una carta a los miembros del Consejo de Seguridad en la que destacó que Marruecos «aceptó de buen grado» dos propuestas de al Secretario General para la nominación de dos candidatos citados nominalmente. La omisión de la carta denunciada es que el primer candidato fue invitado por las autoridades de ocupación marroquíes a un acto celebrado en la ciudad ocupada de Dajla (Dakhla)[1], en el Sáhara Occidental, en marzo de 2018, con el objetivo de promover la ocupación ilegal de la Territorio por Marruecos.
Además, como informaron los medios de comunicación marroquíes, en abril de 2007 se citó al segundo candidato expresando oficialmente su preferencia por la «propuesta de autonomía»[2] de Marruecos. Evidentemente, este tipo de declaraciones y conductas plantean preocupaciones legítimas sobre la capacidad de las dos personas en cuestión de asumir con total neutralidad el papel de Enviado Personal del Secretario General para el Sáhara Occidental y de ganarse la ya frágil confianza del pueblo del Sáhara Occidental en el Proceso de paz de la ONU, especialmente en las circunstancias actuales.
Aunque el estado de ocupación marroquí sigue defendiendo el proceso de paz de la ONU en el exterior, está perfectamente claro que no tiene voluntad política para emprender ningún proceso auténtico y creíble. Su objetivo es simplemente mantener el status quo mientras intenta unilateralmente tener un Enviado Personal «hecho a medida» que se ajuste a su agenda, lo cual es totalmente inaceptable.
El Frente POLISARIO destaca que el nombramiento de un nuevo EPSG para el Sáhara Occidental no es un fin en sí mismo. Debe ser un medio para facilitar un proceso de paz sólido, creíble y de duración limitada, que conduzca al ejercicio libre y democrático por parte del pueblo saharaui de su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia. Con este fin, el Frente POLISARIO subraya además que la imparcialidad, la independencia, la competencia y la integridad son requisitos previos indispensables para que cualquier futuro EPSG para el Sáhara Occidental restablezca la confianza en el proceso de paz y tenga éxito en su misión.
- Marruecos persiste en sus flagrantes violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado y sus infundadas acusaciones no pueden resistir el escrutinio.
El 25 de febrero de 2021, la agencia de noticias marroquí (MAP) informó que Marruecos alertó al Secretario General de la ONU y al Consejo de Seguridad sobre «violaciones de derechos humanos» en los campamentos de refugiados saharauis y el «continuo desvío de ayuda humanitaria», así como «recurso al reclutamiento obligatorio de niños «.
Como parte de su propaganda mentirosa, el estado de ocupación marroquí ha difundido durante mucho tiempo este tipo de afirmaciones absurdas, sin presentar una sola evidencia de ninguna fuente fiable e independiente. Por falta de pruebas, a menudo recurre al uso de fotos con Photoshop y fotos tomadas de diferentes regiones en conflicto para respaldar sus afirmaciones sobre el reclutamiento de niños saharauis.
Las Naciones Unidas, la Unión Europea (UE) y varias agencias internacionales han estado presentes en los campos de refugiados saharauis durante décadas, y ninguna de ellas ha apoyado jamás las reclamaciones marroquíes. Existe amplia evidencia para refutar las afirmaciones repetidas a menudo sobre el estado de ocupación marroquí. Sin embargo, basta con hacer referencia a una declaración emitida nada menos que por la Unión Europea (UE), que es uno de los donantes que está presente en los campos de refugiados saharauis.
En la respuesta (ENE-004803/2020) dada el 18 de noviembre de 2020 por Lenarčič en nombre de la Comisión Europea, destacó que «la Comisión no tiene conocimiento de un uso indebido de la ayuda humanitaria proporcionada a los refugiados saharauis». En cuanto al presunto reclutamiento de niños saharauis, dejó claro que «la Comisión no tiene conocimiento de presunto trabajo infantil o reclutamiento forzoso en los campamentos saharauis». La respuesta de la UE habla por sí sola y no necesita más comentarios.
En lugar de hacer acusaciones infundadas sobre los niños saharauis, el mencionado agente estatal marroquí debería haberse preocupado por la situación de los niños de su propio país que son explotados «para el trabajo, el trabajo doméstico, la mendicidad y el tráfico sexual» y donde «algunos extranjeros, principalmente de Europa y Oriente Medio, practican el turismo sexual con niños en las principales ciudades marroquíes”, según el Informe sobre la trata de personas de junio de 2020 (Informe TIP, p. 360), publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
En lo que respecta a las denuncias de derechos humanos, el estado de ocupación marroquí es el menos calificado para hablar de derechos humanos y libertades fundamentales, dada su propia historia aterradora de derechos humanos y su régimen político inherentemente represivo y autocrático. En este contexto, basta con referirse a la orden emitida[3] el 9 de abril de 2015 por el juez del Tribunal Superior de Justicia español Pablo Ruz, en la que imputaba a 11 altos funcionarios marroquíes por delitos de genocidio en el Sáhara Occidental con base en el hecho establecido de que desde 1975 hasta 1991 se produjo «un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes».
Además, los informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch e incluso el informe «eliminado» de la Misión del ACNUDH (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) en el Sáhara Occidental y los campamentos de refugiados de 2006[4], entre otros, proporcionan informes de horrores indescriptibles cometidos por Estado de ocupación marroquí contra la población civil, incluidos los niños[5], en el Sáhara Occidental ocupado.
Los hechos descritos anteriormente no solo revelaron las afirmaciones infundadas hechas por el estado de ocupación marroquí en relación con el alto el fuego de 1991, el nombramiento del Enviado Personal del Secretario General para el Sáhara Occidental (EPSG), la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado y asuntos relacionados. También mostraron hasta dónde puede llegar el estado ocupante utilizando distorsiones, engaños y mentiras descaradas en sus intentos de engañar a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional sobre ciertos hechos relacionados con la cuestión del Sáhara Occidental.
Acepten, Excelencias, el testimonio de mi más alta consideración.
[1] Crans Montana Forum on Africa & South-South Cooperation (Dajla (Dakhla), Western Sahara, 15-20 March 2018), https://www.cmf.ch/index.php?page=15&gale=663 and https://www.youtube.com/watch?v=KJr4–SDMhE
[2] Aujourd’hui le Maroc, « Maroc-Portugal : les chantiers de l’avenir », 18 April 2007,
https://aujourdhui.ma/actualite/maroc-portugal-les-chantiers-de-lavenir-48945
[3] Juzgado Central De Instrucción Nº 5, Audiencia Nacional Madrid, Sumario 1/2015, 9 April 2015, https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/AN-JI-5_Sumario-1-2015_Auto-procesamiento_09-04-2015.pdf
[4] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Report of the OHCHR Mission to Western Sahara and the Refugee Camps in Tindouf 15/23 May and 19 June 2006”, https://www.arso.org/OHCHRrep2006en.pdf
[5] Centre for African Studies of the University of Porto, Portugal, “Saharawi Children and Students under occupation”, 2019, http://africanos.eu/images/publicacoes/working_papers/WP_2019_1.pdf
