La Audiencia Nacional rechazó todas las medidas cautelares solicitadas contra el presidente saharaui, Brahim Gali, en un juicio iniciado por motivos políticos

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PUSL.- En su decisión, el juez Santiago Pedraz, instructor de la Audiencia Nacional española, rechazó hoy, 1 de junio de 2021, todas las medidas cautelares solicitadas contra Su Excelencia Presidente Brahim Gali, incluida la detención provisional y la retirada del pasaporte.

El presidente Gali, que actualmente se encuentra en tratamiento médico en España, ofreció voluntariamente su testimonio por videoconferencia desde el hospital y desmintió los delitos que se le atribuyen, según fuentes legales.

Las dos denuncias fueron presentadas por el bloguero de nacionalidad española Fadel Breica, quien lo acusó de tortura y detención ilegal en los campamentos de Tinduf en 2019; y otro de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh), que afirma haber cometido crímenes de genocidio y de lesa humanidad contra disidentes y prisioneros de guerra saharauis en las últimas décadas.

Manuel Ollé, abogado defensor del señor Gali, fue claro en su declaración posterior a la audiencia, “Los hechos que son objeto de la denuncia resultaron ser falsos”

Según la agencia de noticias EFE, “Marruecos ha intensificado la campaña contra el Polisario y está apuntando a su líder, con el objetivo de “criminalizarlo” y aislar el movimiento a nivel internacional, según fuentes diplomáticas”.

La decisión del juez Santiago Pedraz también es clara “No hay riesgo de fuga. No existe evidencia que sugiera que el investigado pueda o quiera eludir la acción de la justicia, sobre todo considerando que tan pronto como tuvo conocimiento de los hechos investigados se presentó al caso y estuvo de acuerdo con la práctica de su declaración, incluso en en vista del estado de salud en el que se encuentra, lo que hubiera permitido a su defensa solicitar el aplazamiento de la audiencia”.

Según el Juez: “El informe de la fiscalía ni siquiera aportó elementos circunstanciales – los testimonios de los testigos en el caso no tienen prueba de apoyo y no hay evidencia de participación en los hechos del investigado – que apoyen la existencia de razones suficientes para responsabilizarlo de cualquier delito”. “No bastando, por obvio, para acordar medidas cautelares personales el indicar que Gali entró en España ilícitamente”, enfatiza.

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