El conflicto político en el Sáhara Occidental, donde el Estado español sigue siendo la potencia administradora, deja en el limbo legal miles de saharauis, a los que no se les reconoce ni como españolas ni como saharauis ni como refugiadas. La obtención de la nacionalidad se ha convertido en una pesadilla que se alarga durante años con infinidad de trámites y requisitos arbitrarios, tal y como han denunciado varias activistas recientemente
Por Tere Albero publicado en directa.cat.– Las trabas y dificultades administrativas para que la población saharaui pueda alcanzar la nacionalidad tienen origen en el conflicto político existente en el Sáhara Occidental, donde el Estado español sigue siendo la potencia administradora. Los saharauis fueron españoles de pleno derecho durante la dictadura franquista, cuando el Sáhara Occidental se incorporó como en la provincia número 53. Por tanto, “dejaron de ser súbditos, o un pueblo colonizado para ser españoles con igualdad de condiciones”, recuerda Manuel Jesús López Baroni, doctor en Filosofía y Derecho por la Universidad de Sevilla y secretario del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. En 1974, el Estado español aceptó las exigencias de Naciones Unidas y se comprometió a celebrar un referéndum de independencia en el Sáhara. Sin embargo, esta consulta no se ha llegado a llevar a cabo, ya que, el Estado español entregó el territorio a Marruecos y Mauritania mediante los Acuerdos de Madrid de 1975.
En la actualidad, los saharauis deben residir diez años en el Estado español para poder acceder a la nacionalidad, lo que supone una clara desventaja respecto a otros pueblos que también fueron colonias españolas. Tal y como explica Baroni, “los iberoamericanos son nacionales de estados reconocidos por España que pueden gozar de la doble nacionalidad; o los sefardíes, a los que se les reconoce la nacionalidad española con requisitos muy laxos”.
En la actualidad, los saharauis deben residir diez años en el Estado español para poder acceder a la nacionalidad, lo que supone una clara desventaja respecto a otros pueblos que también fueron colonias españolas
Tesh Sidi, de 27 años, ha estudiado Ingeniería en la Universidad de Alicante y ha cursado un máster en Madrid, donde vive desde que terminó sus estudios. Activista por los derechos de su pueblo, preside la Asociación Saharaui de la Comunidad de Madrid. Cuando tenía 8 años, ella y su hermano gemelo, Mamuni, llegaron a Banyeres de Mariola (L’Alcoià), un pueblo del interior de Alicante, en el marco del programa Vacaciones en Paz, una iniciativa para sacar a los niños y niñas de los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf, Argelia, durante los meses de verano. Pero al cumplir 12 años, ya no podían seguir participando de esta iniciativa. Entonces, decidieron quedarse en Banyeres de Mariola y empezar a estudiar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), gracias a la buena relación entre la familia de acogida y la dirección de la escuela.
Tuvieron que pasar tres años para que Sidi pudiera adquirir la residencia legal. Durante este tiempo, solicitaron el pasaporte argelino, un documento especial que se expide por razones humanitarias a las refugiadas saharauis para que puedan desplazarse y las documenta como refugiadas dentro de Argelia, pero no les da la nacionalidad. También pidieron la reunificación familiar, gracias a que su padre biológico residía en el Estado español y contaba con documentación española de cuando el Sáhara Occidental fue la provincia 53 del Estado español. “Al ser menor, y tener un progenitor que vive y trabaja en el Estado español consigues la residencia, aun así, tienes una residencia española, un pasaporte argelino y una partida de nacimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), una mezcla de papeles que siempre comporta muchos problemas”,
En el caso de Sidi, tras jurar la nacionalidad, cuando llegó el momento de inscribirse en el registro civil de Alcoy, la funcionaria le denegó la inscripción, pues su partida de nacimiento está expedida por la RASD
En 2015, Tesh Sidi y su hermano iniciaron los trámites para solicitar la nacionalidad española. En ese momento, los registros todavía no estaban digitalizados, y los trámites no se podían realizar telemáticamente. “A veces se perdían tus papeles en la administración. En mi caso, un administrativo escribió Tislim, en vez de Teslem, y tuve que empezar de nuevo todo el procedimiento”, recuerda. En 2017 inician por segunda vez los trámites de la nacionalidad mediante el trámite de la residencia, con el que deben acreditarse diez años de residencia continuada en el Estado español. Este proceso, en el caso de Sidi, no se resolvió hasta septiembre de 2021, aunque legalmente la administración pública tiene un año para resolver esta solicitud.
Con la nacionalidad aceptada, es necesario llevar a cabo el procedimiento de la jura de la nacionalidad y la inscripción en el registro civil. En el caso de Sidi, tras jurar la nacionalidad, cuando llegó el momento de inscribirse en el registro civil de Alcoy, la funcionaria le denegó la inscripción, pues su partida de nacimiento está expedida por la RASD. “Es poco común que aparezca el Sáhara Occidental en estos documentos, porque generalmente el Ministerio de Justicia prefiere omitirlo. Puede aparecer ‘campamentos de refugiados de Tinduf’, pero no ha sido mi caso. Por tanto, a efectos legales soy española, sin embargo, no puedo solicitar ni pasaporte ni DNI”, explica Sidi.
En efecto, uno de los obstáculos más común es que a menudo la administración española no les reconoce la partida de nacimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, porque está expedida por un gobierno no reconocido por el Estado español, aunque realmente la RASD es el único gobierno legítimo para certificar partidas de nacimiento y certificados de antecedentes penales. Esta situación, que compromete a miles de saharauis, se resolvió en el 2016 en la Audiencia Nacional española, que dio la razón a las abogadas saharauis que lo denunciaban al nacer en los campamentos de refugiados de Tinduf.
Una semana más tarde, la misma funcionaria llamó a Tesh Sidi para pedirle una prueba forense para determinar su edad, así como que sus padres biológicos acudieran al registro para acreditar su nacimiento. “Pedí que me enviara por escrito esas peticiones, porque sabía el Registro Civil no podía hacer esas peticiones, y me llamó para decirme que yo haría lo que ella me dijera”, cuenta.
Uno de los obstáculos más común es que a menudo la administración española no les reconoce la partida de nacimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, porque está expedida por un gobierno no reconocido por el Estado español
Con la ayuda de una abogada saharaui especializada en estos casos, han presentado un recurso contencioso administrativo para denunciar la arbitrariedad con la que habrían actuado desde la oficina de Alcoy, así como la carencia de criterios comunes entre las diferentes administraciones territoriales que tratan casos similares. Para Sidi, es «inadmisible» que «en el País Vasco o en Andalucía sea más fácil tramitar la nacionalidad que en el País Valenciano». Y añade: “Lleva veinte años ruego por la nacionalidad de un país que me ha robado la mía y hay una falta de empatía brutal”. Su hermano Mamuni, en la misma situación, ha optado por llamar cada día al Registro Civil de Alcoy para preguntar cómo avanzan los trámites. «Lo único que nos queda es molestar hasta que se resuelva esta situación», concluye Tesh Sidi.
La supuesta carencia de integración, una traba más
Otro caso de arbitrariedad administrativa es el de Loueila Mint El Mamy, abogada especializada en extranjería. Nacida también en los campamentos de refugiadas de Tindouf, llegó a las Islas Canarias en 1999, también a través del programa Vacaciones en Paz, y se quedó allí. Después de estudiar Derecho y cursar un máster para ejercer de abogada, empezaron sus problemas. Se dio cuenta de que sin tramitar la nacionalidad española no podía ejercer como abogada en el sistema público.
En 2017 empezó a tramitar la nacionalidad mediante la residencia, cumpliendo todos los requisitos, pero no se presentó a los exámenes para obtenerla, porque mediante el título de la licenciatura en Derecho estaba exenta de realizar estas pruebas. Al final de sus estudios, para poder ejercer como abogada, decidió colegiarse, por lo que tuvo que solicitar una dispensa de la nacionalidad. “La primera respuesta que recibí de la administración fueron los pasos a seguir para la homologación del título universitario. Nadie había leído mi solicitud”, relata. Tras cinco meses, logró la dispensa. “Fue muy frustrante, porque evidenciaba que sin la nacionalidad estaba un paso por detrás de mis compañeros.
Después de estudiar Derecho y cursar un máster para ejercer de abogada, empezaron sus problemas: Loueila Mint Mamy se dio cuenta de que sin tramitar la nacionalidad española no podía ejercer como abogada en el sistema público.
Llegados a este punto, Mamy consideraba que se le resolvería pronto su expediente de nacionalidad española, dado que ya tenía la dispensa, pero no fue así. Después de tres años sin noticia alguna en torno a su solicitud tuvo que presentar un recurso contencioso administrativo. “Con este proceso, que hice por mí, he podido agilizar las solicitudes de muchas clientas. Sin embargo, a este recurso me respondieron con un ‘copiar y pegar’, que decía que no cumplía los requisitos de permanencia legal ni un grado suficiente de integración en el Estado español. Fue muy violento”, lamenta la abogada, quien, en ese momento, llevaba veinte años viviendo en el Estado.
Seis meses después de recibir esta respuesta, su expediente de nacionalidad está en manos del Ministerio de Justicia español, que durante ese tiempo podría habérselo resuelto favorablemente, aun así, todavía no lo ha hecho. Desde su posición de abogada, Mamy denuncia que haber nacido en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, así como el haber nacido en los campamentos de refugiadas de Tinduf no tienen las mismas implicaciones legales. «A pesar de ser todas saharauis, en la práctica tener documentación expedida por Marruecos te da unas facilidades, que no tienes cuando la expide la RASD o Argelia».
Más requisitos que complican la solicitud
En 2000, cuando sólo tenía 8 años, Huyta Garcia llegó a Valencia con su padre, quien tenía la nacionalidad mauritana y llevaba inscritas a sus hijas en su pasaporte. “Cuando mi padre murió, de un día para otro, empezó toda una odisea con los papeles”, recuerda.
Gracias a su familia de acogida pudo tramitar el pasaporte argelino, que documenta a Garcia como refugiada saharaui, pero no le concede la nacionalidad. Y con este documento solicitó la residencia. Sin embargo, para tramitar la nacionalidad española, le piden una partida de nacimiento de los campos de refugiados de Tindouf, que carece; y un certificado de antecedentes penales, del que tampoco dispone. Por tanto, los trámites son más complicados, a pesar de que sus abuelos y abuelas biológicas, tanto por parte de padre como de madre, contaban con la nacionalidad española. “Con 16 años me puse a trabajar y ahora tengo 30. Pago los impuestos desde hace catorce años; ¿de verdad no soy española?”, se pregunta Garcia indignada. Del mismo modo, cuando se enteró de los exámenes que debía realizar para obtener la nacionalidad,
El Instituto Cervantesrealiza los exámenes para la obtención de la nacionalidad española. La primera prueba es la de conocimientos constitucionales y socioculturales del Estado español (CCSE). La segunda prueba es un examen para acreditar un nivel A2 de español, conocida como DELE. «Tengo que hacer un examen de castellano, cuando es el único idioma que sé hablar, porque llegué aquí con 8 años, me parece ridículo», manifiesta. Sin embargo, además no son pruebas accesibles en todo el mundo, debido al precio de las tasas. «En total, tengo que pagar 280 euros, porque una prueba vale 100 euros y la otra 180», denuncia Garcia. “Me genera mucha impotencia y rabia tener que pasar por todo esto. Sin embargo, lo necesito, porque en 2027 me caduca el pasaporte argelino, y si no consigo la nacionalidad antes, tendré un grave problema para renovarlo, y sin él tampoco podría renovar la residencia”,
Diez años de apatridia
A un curso de finalizar el grado de Magisterio, Nama Ahmed encuentra que no podrá ejercer como maestro en el sistema público de educación porque carece de la nacionalidad española, aun así, vive legalmente en el Estado español desde los doce años. “Siempre he tenido muy claro a qué quería dedicarme y he hecho todo lo que tenía en la mano para conseguirlo, pero ahora estoy muy desmotivado”, confiesa.
Ahmed es un joven de 21 años que vive en Almería. Llegó allí mediante el programa de Vacaciones en Paz cuando tenía 8 años, y con 12 se instaló con su familia de acogida en Almería para empezar sus estudios. Hasta el momento ha podido estudiar en la Universidad mediante una tarjeta de estudiante extranjero. En 2020, solicitó acogerse al estatuto de apátrida porque de este modo podía acceder al mercado laboral. Según Baroni, “jurídicamente un apátrida es la persona que no es reconocida por ningún estado y al mismo tiempo no está protegida bajo ninguna cobertura de las Naciones Unidas”. Sin embargo, el reconocimiento de la apatridia comporta ciertos beneficios, como el reconocimiento de una identidad, la no expulsión del país que te la concede, el acceso al sistema sanitario, o el acceso a la nacionalidad del país de acogida.
Ahora, después de haber estado viviendo casi una década en el Estado español -tiempo suficiente para pedir la nacionalidad-, informan Ahmed de que no puede tramitar esta acreditando la residencia con la tarjeta de extranjero estudiante, sino que debe acreditar diez años de apatridia
Ahora, después de haber estado viviendo casi una década en el Estado español -tiempo suficiente para pedir la nacionalidad-, informan Ahmed de que no puede tramitar esta acreditando la residencia con la tarjeta de extranjero estudiante, sino que debe acreditar diez años de apatridia. Todo ello, pese a que su padre contaba con la nacionalidad española, trabajaba para el Ejército español, cobrando pensión del Estado cuando se retiró. Aun así, a Ahmed no le tramitan la nacionalidad por descendencia. En 2019, 1.691 personas solicitaron acogerse al Estatuto de Apátrida en el Estado español. El 94% de éstas eran saharauis.
Este hecho ha truncado todas las expectativas a corto y medio plazo de Ahmed, que si no puede resolver su situación antes, deberá esperar hasta 2034 para dedicarse a su vocación. “Creo que me han robado el futuro”, sentencia. «Algún día Europa, incluida España, tendrá que hacer frente a su pasado colonial ya todas las personas que ha dejado abandonadas en el limbo jurídico y político», defiende Baroni. Y concluye: “El objetivo es que la justicia reconozca que las saharauis nunca perdieron la nacionalidad española, y que los descendientes siguen siendo españoles. Esto sería compatible con que un día tengan su propio estado, reconocido por la comunidad internacional, porque por eso está la doble nacionalidad”.
