En la 32ª edición del Informe Mundial 2022 (versión completa en inglés), Human Rights Watch examina las prácticas de derechos humanos en casi 100 países donde la organización trabaja.

A continuación parte del informe relativa al Sahara Occidental:

Sáhara Occidental
El proceso de negociaciones patrocinado por Naciones Unidas entre Marruecos y el Frente Polisario, el movimiento de liberación que busca la autodeterminación del Sáhara Occidental, quedó estancado tras la dimisión en mayo de 2019 de Horst Kohler, el enviado del secretario general de la ONU. Staffan De Mistura fue nombrado nuevo enviado el 6 de octubre.

La mayor parte del Sáhara Occidental ha estado bajo control marroquí desde que España, el antiguo administrador colonial del territorio, se retiró en 1975. En 1991, tanto Marruecos como el Polisario, el movimiento de liberación del Sáhara Occidental, acordaron un alto el fuego mediado por la ONU para preparar un referéndum de autodeterminación. Ese referéndum nunca se celebró. Marruecos considera que el Sáhara Occidental es parte integrante del reino y rechaza las demandas de una votación de autodeterminación que incluya la independencia como opción.

En noviembre de 2020, las fuerzas de seguridad marroquíes establecieron una fuerte presencia casi constante ante la casa de la activista independentista Sultana Khaya, en Bojador, Sáhara Occidental. No han dado ninguna justificación y han impedido la visita de varias personas, incluidos sus familiares. Según Khaya, las fuerzas policiales asaltaron su casa en varias ocasiones, golpeándola a ella y a sus familiares, y manchando la casa con un líquido maloliente. Khaya es conocida localmente por sus muestras públicas de vehemente oposición al control del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. El bloqueo arbitrario de su casa seguía vigente en el momento de redactar este informe.

Las autoridades marroquíes impiden sistemáticamente las reuniones de apoyo a la autodeterminación saharaui, obstruyen el trabajo de algunas ONG locales de derechos humanos, incluso bloqueando su registro legal, y en ocasiones golpean a activistas y periodistas bajo su custodia y en las calles, o allanan sus casas y destruyen o confiscan sus pertenencias. Human Rights Watch ha documentado algunas de estas palizas y allanamientos, como el de la casa de la activista independentista Hassana Duihi en mayo de 2021.

En 2021, 19 hombres saharauis seguían en prisión tras haber sido condenados en juicios injustos en 2013 y 2017 por el asesinato de 11 miembros de las fuerzas de seguridad, durante los enfrentamientos que estallaron después de que las autoridades desmantelaran por la fuerza un gran campamento de protesta en Gdeim Izik, Sáhara Occidental, en 2010. Ambos tribunales se basaron casi por completo en sus confesiones a la policía para condenarlos, sin investigar seriamente las afirmaciones de que los acusados habían firmado sus confesiones bajo tortura. El Tribunal de Casación, la más alta instancia judicial de Marruecos, confirmó el veredicto de apelación el 25 de noviembre de 2020.

 

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