BRUSELAS- APS.dz.- Numerosas organizaciones de la sociedad civil saharaui han hecho un llamamiento a las altas instituciones de la Unión Europea para que denuncien la ilegalidad de las actividades económicas de la UE y la explotación de los recursos naturales en el Sáhara Occidental ocupado, sin el consentimiento del pueblo saharaui, por considerar que estas actividades contribuyen a perpetuar una ocupación ilegal.
Ciento veintiséis (126) organizaciones que representan a un amplio sector del pueblo saharaui enviaron el domingo una misiva a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la que denuncian las actividades económicas y la explotación de los recursos naturales en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, llamando la atención sobre las inexactitudes de un reciente informe de la UE que alega los «beneficios» de dichas actividades.
«Seamos claros y simples: estas actividades son ilegales, ya que no han obtenido el consentimiento del pueblo saharaui y no suponen en absoluto un beneficio para él. Por el contrario, estas actividades de las instituciones de la UE ayudan a perpetuar una ocupación ilegal, que es en sí misma un acto de agresión y contribuye a los esfuerzos del ocupante, es decir Marruecos, para anexionarse el Sáhara Occidental», escribieron las organizaciones en su carta.
En este contexto, las asociaciones reafirmaron el argumento de la «soberanía» y el derecho exclusivo del pueblo saharaui a determinar su estatus jurídico internacional, incluido el de gobernar las actividades económicas y de recursos naturales de su territorio.
«Aceptamos que esta soberanía se plasme en nuestras instituciones elegidas, incluido el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) como Estado de pleno derecho (…) así como el Frente Polisario, como único representante del pueblo saharaui según las resoluciones de la ONU», argumentaron las organizaciones.
«Las actividades de la UE relacionadas con el Sáhara Occidental -sin el consentimiento activo y continuado del pueblo saharaui- contravienen directamente la soberanía aceptada del pueblo saharaui en virtud de los artículos 2 y 73 de la Carta de la ONU. Tales actividades contribuyen indirectamente a la erosión de esa soberanía por parte de la potencia ocupante (Marruecos)», advirtieron.
Además, las organizaciones criticaron el informe de la Comisión Europea publicado en diciembre de 2021, titulado «Informe 2021 sobre los beneficios para el pueblo del Sáhara Occidental en relación con la extensión de las preferencias arancelarias a los productos del Sáhara Occidental», afirmando que se utiliza para mantener la ficción de que las actividades de la UE en el Sáhara Occidental serían «beneficiosas» para el pueblo saharaui.
«Reclamar un supuesto beneficio para una población bajo ocupación es una visión sesgada, pero reclamar un beneficio para una población que incluiría a ciudadanos extranjeros desplazados e ilegalmente asentados en el Sáhara Occidental (colonos marroquíes), es algo monstruoso y sólo puede ser intencionado», dijeron las organizaciones.
Por ello, continuaron, «es crucial distinguir entre la ‘población’ presente en el Sáhara Occidental ocupado y el ‘pueblo’ del Sáhara Occidental», subrayando que el pueblo del Sáhara Occidental es la única entidad a la que hay que dirigirse y tratar, ya que es el legítimo propietario del territorio.
Tras constatar que las actividades de la UE son contrarias a la autodeterminación del pueblo saharaui y, en general, a la legalidad internacional, las organizaciones señalaron que las fuentes de datos en las que se basa la elaboración del informe son las del Estado ocupante, Marruecos.
Además, según las organizaciones, «el informe oscurece la situación jurídica internacional del Sáhara Occidental», ya que no menciona el estatuto jurídico establecido del Sáhara Occidental tras la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y el derecho internacional, y no se considera la situación de ocupación del Sáhara Occidental.
Teniendo en cuenta los principios jurídicos que se aplican a las actividades de la comunidad europea y de las instituciones de la UE en relación con el Sáhara Occidental, «las instituciones de la UE deben abstenerse activamente de participar en actos de ocupación y anexión, y abstenerse activamente de contribuir materialmente a actos como los crímenes de guerra de saqueo y reasentamiento de la población», según la carta.
