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El comercio con los territorios ocupados contribuye a la vulneración de derechos

En su última declaración, Human Rights Watch analizó las implicaciones legales del comercio con los asentamientos en territorios ocupados como Palestina, territorios ocupados como el Sahara Occidental y otras partes del mundo.

Según HRW, la Comisión Europea debería prohibir el comercio de la UE con los asentamientos en los territorios ocupados en todo el mundo. HRW Watch dijo que había firmado una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE). La iniciativa liderada por los ciudadanos, registrada en la Comisión Europea en septiembre de 2021 y lanzada el 20 de febrero de 2022, pide que se adopte una legislación que prohíba la entrada en el mercado de la UE de productos procedentes de asentamientos ilegales y que prohíba las exportaciones de la UE a los asentamientos.

HRW explicó el contexto legal del traslado de la población civil de una potencia ocupante a un territorio militarmente ocupado, que viola el Cuarto Convenio de Ginebra y, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es un crimen de guerra. El comercio de bienes producidos en los asentamientos y en los territorios ocupados contribuye a mantener estas violaciones del derecho internacional humanitario. También consolida los abusos de los derechos humanos que suelen derivarse de los asentamientos, como la confiscación de tierras, la explotación de los recursos naturales y el desplazamiento y la discriminación de la población local.

“Los asentamientos despojan ilegalmente a la población local de sus tierras, recursos y medios de subsistencia”, afirmó Bruno Stagno, jefe de incidencia política de Human Rights Watch. “Ningún país debe permitir el comercio de bienes producidos como resultado del robo de tierras, el desplazamiento y la discriminación”.

Por lo tanto, HRW dijo que la UE también debería prohibir el comercio que contribuye a la extracción ilegal de recursos en los territorios ocupados, lo que también es una violación del derecho internacional humanitario.

Human Rights Watch se une a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, movimientos de base, sindicatos y políticos que apoyan esta iniciativa.

La iniciativa utiliza una disposición diseñada para permitir a los ciudadanos europeos dirigir a la Comisión Europea para que considere la acción legislativa propuesta. Si acumula un millón de firmas, la Comisión estará legalmente obligada a estudiar la posibilidad de prohibir el comercio de bienes en liquidación.

La Comisión se negó inicialmente a registrarla, alegando que la iniciativa tenía por objeto una sanción. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas lo anuló en mayo de 2021, al considerar que la Comisión no había considerado la iniciativa como una medida comercial general. Esta decisión llevó a la Comisión a dar marcha atrás, registrar la Iniciativa y reconocer su autoridad para regular el comercio con los asentamientos.

Sahara Occidental

Como se puede leer en el comunicado

“Los gobiernos también tienen la obligación de no contribuir a la extracción de recursos naturales en los territorios ocupados que violan el derecho internacional humanitario. Por ejemplo, en el Sáhara Occidental, las autoridades marroquíes explotan los recursos naturales, incluso con la pesca, la agricultura y la extracción de fosfatos, pero no han demostrado que lo hayan obtenido con el consentimiento explícito del pueblo saharaui y que los recursos obtenidos les beneficien.

Las importaciones al Sahara Occidental en 2020 superaron los 500 millones de euros (567 millones de dólares), según la Comisión Europea.

“La UE considera que los asentamientos son ilegales y todavía no regula el comercio de bienes de los asentamientos”, dijo Stagno. “Si la UE quiere que sus posiciones sean tomadas en serio tras décadas de ocupación militar y asentamientos ilegales en lugares como el Sáhara Occidental y Cisjordania, debería poner su dinero donde están sus declaraciones de compromiso”.