PUSL .- A pesar de los intentos de Marruecos, ahora apoyado por el gobierno de Pedro Sánchez, de diluir la realidad de la causa saharaui, no han conseguido cambiar la naturaleza del conflicto, considerado por la ONU, la Corte Internacional de Justicia y todas las jurisdicciones europeas como una cuestión de descolonización.
Desde la ocupación del Sáhara Occidental en 1975, Marruecos ha intentado por todos los medios legitimar su ocupación cambiando la noción del derecho de autodeterminación por la propuesta de autonomía.
La naturaleza jurídica del conflicto fue decidida por las Naciones Unidas en 1965, cuando la Asamblea General pidió por primera vez a España que iniciara el proceso de descolonización, y ratificada en 1975 por el Tribunal Internacional de Justicia, que dictaminó que «no existen vínculos de soberanía entre el Sáhara y Marruecos (…) Debe aplicarse, por tanto, el principio de autodeterminación».
El conflicto sigue estando esencialmente ligado al derecho de los saharauis a decidir su futuro mediante un referéndum.
El cambio de postura del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la cuestión del Sáhara Occidental es consecuencia de la presión ejercida sobre el dirigente español por Marruecos, especialmente a través del mapa de la inmigración ilegal, el terrorismo y en relación con las fronteras de Ceuta y Melilla, y es una concesión más al chantaje del régimen marroquí.
Aunque en España las decisiones de política exterior deben ser aprobadas por el Gobierno, y al tratarse de un órgano colegiado debe contar con el conocimiento y aprobación de los ministros, Pedro Sánchez ha decidido cambiar unilateralmente la tradicional posición de «aparente neutralidad» ante este conflicto. Además de no contar Sánchez con el apoyo del Congreso de los Diputados, que el día 7 aprobó una proposición no de ley, con el único voto en contra del PSOE, en la que se pedía el apoyo a un referéndum en el marco de las Naciones Unidas . Por lo tanto, la posición del Gobierno español, además de ser gravemente irresponsable, carece de toda legitimidad. No debemos ni tenemos que olvidar que España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental y tiene la obligación de completar la descolonización del territorio.
