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PUSL.- Las ONGs Right Livelihood, Robert F., Kennedy Derechos Humanos, ISACOM y La Fundación Nushatta presentó un informe antes de la 41ª Sesión del Examen Periódico Universal sobre la violación de los Derechos Humanos contra la población saharaui.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso único que implica una revisión periódica de los registros de derechos humanos de los 193 estados miembros de la ONU. El EPU es una innovación significativa del Consejo de Derechos Humanos que se basa en la igualdad de trato para todos los países.

Violaciones de los derechos humanos cometidas por el Reino de Marruecos en el Sáhara Occidental

Preparado por Right Livelihood, Robert F. Kennedy Human Rights, ISACOM y Nushatta Foundation antes de la 41.ª sesión del Examen Periódico Universal.

Resumen
A pesar de no tener soberanía legítima sobre el Sáhara Occidental, el Reino de Marruecos es la potencia ocupante de facto desde 1975. Como tal, Marruecos está obligado a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Sin embargo, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la brutalidad policial han formado parte de un patrón de represión dirigido a cualquier saharaui, especialmente a los activistas. A pesar de las anteriores recomendaciones del EPU en las que se pedía a Marruecos que mejorara la rendición de cuentas en los casos de tortura y que permitiera a las personas ejercer plenamente sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación, las autoridades han seguido atacando a los saharauis e impidiéndoles ejercer los derechos mencionados.

Este documento resume nuestras conclusiones y sugiere recomendaciones para mejorar la protección de los derechos fundamentales en el territorio ocupado del Sáhara Occidental antes de la 41ª sesión del EPU. Nuestra presentación original también incluye una lista no exhaustiva de casos recientes de abuso.

Libertad de movimiento
Fuente de la obligación
ICCPR, Arte. 12

La situación actual:

– Las autoridades marroquíes han impuesto arbitrariamente restricciones y limitaciones a la libertad de circulación de los saharauis que desean abandonar el Sáhara Occidental, trasladarse a otras ciudades del territorio o incluso moverse dentro de la misma ciudad.
– Las agresiones físicas, las amenazas e intimidaciones y las detenciones arbitrarias se utilizan regularmente para impedir la libre circulación de los saharauis, especialmente de los activistas y defensores de los derechos humanos.

Libertad de expresión
Fuente de la obligación
ICCPR art. 19 e 21

La situación actual:

– Cualquiera que exprese opiniones a favor de su autodeterminación es objeto de una violenta represión.
– A los observadores internacionales y a los periodistas se les niega el acceso al territorio, lo que restringe gravemente la libertad de información.
– Los periodistas saharauis se ven obligados a operar en la clandestinidad debido a las amenazas y represalias que sufren por su trabajo. Se han documentado intentos de secuestro y detenciones arbitrarias de periodistas.

Libertad de reunión
Fuente de la obligación
ICCPR art. 21

La situación actual:

– En el Sáhara Occidental se deniega regularmente el permiso para celebrar reuniones públicas.
– La policía marroquí prohíbe y/o reprime violentamente las manifestaciones pacíficas a favor de la autodeterminación.
– Desde 2020, las medidas relacionadas con el COVID también se han instrumentalizado para acosar, intimidar y detener a los defensores de los derechos humanos saharauis.

Libertad de asociación
Fuente de la obligación
ICCPR art. 22

La situación actual:

– Registro: Sólo hay una ONG registrada en el Sáhara Occidental, aunque sus operaciones están prohibidas desde 2019. Las autoridades intentan obstaculizar el trabajo de cualquier ONG saharaui. En 2020, 9 días después de la creación del ISACOM, el fiscal del Tribunal de Apelación de El Aaiún abrió una investigación judicial contra él. A día de hoy, sigue en marcha.
– Acoso y campañas de desprestigio: Las fuerzas de seguridad atacan repetidamente a los defensores de los derechos humanos y a los activistas con campañas de desprestigio y acoso en represalia por su trabajo.

– Vigilancia: Las autoridades se han dedicado a la vigilancia física y digital. Grupos de forenses digitales han confirmado que los dispositivos de activistas saharauis, entre ellos Aminatou Haidar, y de diplomáticos han sido infectados recientemente con el programa espía Pegasus.
– Limitaciones a las asociaciones con activistas extranjeros: las autoridades marroquíes han denegado continuamente la entrada o han deportado a personas que entraban en el Sáhara Occidental con el fin de reunirse con defensores de los derechos humanos saharauis.

Tortura y tratos crueles e inhumanos y violaciones de la integridad física y psicológica
Fuente de la obligación
ICCPR Art. 7, CAT Art. 1(1) y 2(1), IV Convención de Ginebra Art. 32

La situación actual:

– A pesar de los cambios legislativos, las autoridades marroquíes siguieron llevando a cabo actos de tortura contra defensores de los derechos humanos saharauis, periodistas, presos políticos y otros activistas de la sociedad civil.
– Entre 2020 y 2021, también se denunciaron dos casos de tortura contra niños.
– Desde el inicio de su arresto domiciliario arbitrario en noviembre de 2020, la activista Sultana Khaya ha sido agredida sexualmente en varias ocasiones por las autoridades marroquíes, que también le han inyectado una sustancia desconocida y la han obligado a inhalar material tóxico.
– En noviembre de 2021, el Comité de la ONU contra la Tortura concluyó que Marruecos había violado numerosas disposiciones de la Convención contra la Tortura en el caso del ex preso político saharaui Omar N’dour.

Implicaciones para los derechos económicos, sociales y culturales

Todas las violaciones descritas anteriormente tienen un impacto en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los saharauis, incluida la discriminación en la escuela o en el mundo laboral. ISACOM reporta casos de miembros que fueron expulsados ​​del trabajo o trasladados a otras ciudades por sus actividades de derechos humanos.