Durante varios días de noviembre de 1975 se gestó uno de los episodios políticos más vergonzosos de la historia de España. El 14 de noviembre de ese año se firmaron en el Palacio de la Zarzuela los llamados “Acuerdos Tripartitos de Madrid”, una declaración de principios que incluían la retirada española del Sahara Occidental en menos de un año y mediante los que España cedía la administración del territorio a Marruecos y Mauritania, sin contar con la opinión del pueblo saharaui. Además de varios acuerdos económicos que reconocían derechos de pesca en las aguas del Sahara a 800 barcos españoles. Del mismo modo, España le vendió a Marruecos el 65% de la empresa de fosfatos, Fos Bucrá. Este texto supuso la cesión unilateral del territorio, haciendo caso omiso a las directrices de la ONU.
Aún hoy colean, tristemente, las consecuencias de este acuerdo, con la población saharaui repartida entre los campamentos de refugiados en Tindouf en Argelia, en las zonas ocupadas por Marruecos y en la diáspora repartidos por varios países de todo el mundo. Unos acuerdos que son ilegales desde el punto de vista del Derecho Internacional.
El Sahara Occidental era la provincia número 53 de España y como el resto de países de su entorno, tenía derecho a un proceso de descolonización y un estado independiente. Sin embargo, el régimen franquista de la época, con estos acuerdos cedió a las presiones de Marruecos y entregó el Sahara a Hassan II.
La relación de las autoridades españolas con los saharauis siempre repetían un mismo patrón: buenas palabras pero, al final, pleitesía a Marruecos, como quedó demostrado el 2 de noviembre de 1975, cuando Juan Carlos de Borbón, entonces jefe de Estado en funciones – Franco estaba en su lecho de muerte –, viajó a El Aaiún y en el casino de oficiales se dirigió a los mandos militares de la colonia: “España cumplirá sus compromisos. Deseamos proteger los legítimos derechos de la población saharaui”. Tres días después, avisó a EEUU de los planes de Franco en el Sahara, una ayuda nada desdeñable para una potencia que había dado luz verde a la invasión marroquí del Sahara.
El proceso que acabó desencadenando la firma de estos acuerdos se inicia en 1974, cuando Marruecos solicita al Tribunal de la Haya un veredicto acerca de sus derechos de soberanía sobre el territorio colonial del Sahara y España ya estaba realizando un censo de población entre las tribus como paso previo a la celebración del referéndum. El 16 de octubre de 1975 el Tribunal Internacional de la Haya dictaminó que los vínculos de las tribus saharauis con Marruecos y Mauritania no se deriva ningún derecho sobre el territorio. Marruecos, en una “curiosa” interpretación entiende que el veredicto apoya sus reivindicaciones y lanza 6 de noviembre de 1975, aprovechando que Franco agonizaba, la conocida como “Marcha Verde” en la que unas 350.000 personas cruzan la frontera desde Marruecos. Unos días antes Marruecos ya había entrado en el territorio arrasando a la población saharaui. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya condenó en su momento las pretensiones de Mauritania y Marruecos.
Ante este panorama, el 14 de noviembre de 1975, España acaba firmando junto con Marruecos y Mauritania los ilegales Acuerdos de Madrid.
El 27 de febrero 1976 España retira sus tropas del territorio del Sáhara Occidental. Se constituye la RASD, República árabe Saharaui Democrática y el Frente Polisario declara la guerra a Marruecos y Mauritania, que se reparten el territorio.
Los distintos gobiernos españoles en numerosas ocasiones han pretendido eludir su actual responsabilidad en el conflicto del Sahara Occidental amparandose estos acuerdos. Pero España sigue siendo, según la ONU y el derecho internacional, potencia administradora “de iure” de este territorio, pero en vez de ejercer como tal se ha posicionado a favor del invasor favoreciendo las pretensiones anexionistas de Marruecos.
España ha promovido iniciativas para la firma de acuerdos preferenciales entre la UE y Marruecos que incluyen el territorio del Sáhara Occidental (acuerdos pesqueros, agrícolas, extracción de minerales, etc.).
Ha vendido material militar a Marruecos, material que ha quedado sobradamente demostrado que ha sido utilizado para la represión y el genocidio sometido por el reino alauita sobre la población saharaui.
Ninguno de los diferentes gobiernos españoles ha denunciado abiertamente esta situación de genocidio y vulneración de los derechos humanos ni ha denunciado la ocupación por parte de Marruecos, utilizando en la mayoría de las ocasiones un falso doble lenguaje con el que pretende contentar a todas las partes.
Teniendo en cuenta que el referéndum de autodeterminación es la única salida legal y justa para los procesos de descolonización, proceso con el que Marruecos se había comprometido formalmente con la firma del Plan de Paz del año 1991, y que España sigue siendo la potencia administradora “de iure” del territorio es obligación del gobierno español tomar, de una vez por todas, las medidas oportunas para la celebración de dicho referéndum. Cumpliendo así con la deuda histórica que tiene con la que fue en su día la 53ª provincia española.
