Por Juan Soroeta Liceras* – dn.pt .- El 10 de diciembre de 2020, semanas antes de dejar su cargo como presidente, Donald Trump hizo público el reconocimiento por parte de EEUU de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Este reconocimiento estaba condicionado a que Marruecos estableciera relaciones diplomáticas plenas con Israel. Aunque no se dijo explícitamente, el quid pro quo parecía obvio: Israel debía seguir los pasos de EEUU y reconocer también la soberanía marroquí sobre el territorio saharaui, lo que ocurrió el 17 de julio de 2023. El ministro israelí de Asuntos Exteriores declaró que esta decisión «reforzará las relaciones entre los dos países y los dos pueblos y la continuación de la cooperación para profundizar en la paz y la estabilidad regionales», una «paz» que se basa en la violación masiva y sistemática de los derechos humanos de quienes soportan la ocupación militar de su territorio o sufren las consecuencias de esa ocupación en campos de refugiados o en la diáspora.
Aunque esto provoque indignación, ya no sorprende que Estados como Marruecos o Israel, que violan diariamente la legalidad internacional ocupando militarmente amplias zonas del territorio palestino y saharaui y sometiendo a la población autóctona a graves violaciones de sus derechos fundamentales, hayan dado este paso y, además, lo celebren públicamente. O quizás sí. La sociedad civil marroquí, que hasta ahora consideraba a su rey como el principal defensor de los derechos del pueblo palestino ante la comunidad internacional, está perpleja de que su país no sólo no apoye al pueblo palestino en su lucha por la autodeterminación, sino que, por el contrario, apoye a quienes la violan. Aunque la colaboración entre estos Estados se remonta al menos a los años 80, cuando en el Sáhara Occidental se libraba una guerra de liberación nacional por parte del Frente Polisario para expulsar de su territorio al Estado invasor, y Marruecos construía, con la ayuda de EEUU, Francia e Israel, el muro de casi 2.800 kilómetros que divide en dos el territorio saharaui, la férrea censura impuesta durante décadas en todo el país ha mantenido vivo este mito hasta nuestros días.»
El Derecho Internacional establece la obligación de todos los Estados de no reconocer una situación resultante de una violación grave de una norma imperativa, como la derivada de la imposición a un pueblo sometido a dominación colonial de un régimen de ocupación por parte de otro Estado, así como la obligación de todos los Estados de no contribuir a su consolidación.
Lo cierto es que desde su llegada a la presidencia estadounidense, lejos de implementar y consolidar el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el territorio, Joe Biden ha dado pasos significativos en la dirección contraria, en lo que ya se conoce como la «Doctrina Biden»: Estados Unidos no retirará este reconocimiento (no en vano detrás de él se encuentra el poderoso lobby judío estadounidense), pero tampoco actuará en consecuencia. Parece claro que, por el contrario, Israel sí lo hará, dada su total falta de escrúpulos a la hora de violar el derecho internacional.
El Derecho Internacional establece la obligación de todos los Estados de no reconocer una situación resultante de una violación grave de una norma imperativa como la derivada de la imposición a un pueblo sometido a dominación colonial de un régimen de ocupación por parte de otro Estado, así como la obligación de todos los Estados de no contribuir a su consolidación. Por lo tanto, reconocer la soberanía de un Estado sobre un territorio que ocupa militarmente, en violación del artículo 2.4 de la Carta de la ONU, constituye una grave violación del derecho internacional. Es irrelevante que se reconozca la soberanía marroquí sobre los territorios saharauis ocupados, o la soberanía israelí sobre los territorios palestinos ocupados, o la soberanía rusa sobre los territorios ucranianos ocupados. Todos son territorios ocupados en grave violación del derecho internacional. El reconocimiento implica la responsabilidad internacional de quienes lo hacen.
Conviene recordar que la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia de 2004 sobre la legalidad de la construcción del muro israelí en los territorios palestinos ocupados, hizo varias afirmaciones aplicables mutatis mutandis a la situación que estamos analizando: (1) todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro y de no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por dicha construcción; y (2) todos los Estados Partes en el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, tienen, además, la obligación de velar por que Israel respete el Derecho Internacional Humanitario consagrado en dicho Convenio.
De hecho, tanto el reconocimiento estadounidense como el israelí se llevaron a cabo violando al menos dos normas de derecho imperativo, que vinculan a todos los Estados sin excepción: el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el derecho internacional humanitario, que, entre otras cosas, prohíbe el traslado de población del Estado ocupante al territorio ocupado. El traslado masivo de colonos marroquíes a territorio saharaui, tal y como practica Israel en Palestina, sigue alterando gravemente la composición demográfica de los dos territorios ocupados. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, nada cambia; ni el paso del tiempo ni la modificación artificial de la composición demográfica de ambos territorios hacen legal la ocupación militar que es, y seguirá siendo, una grave violación del Derecho internacional. Como señaló el Tribunal General de la Unión Europea en dos sentencias de 21 de septiembre de 2021, la población colona marroquí no forma parte del pueblo al que se dirige el derecho de autodeterminación, es decir, el pueblo saharaui.
El Tribunal declaró que sólo el Frente Polisario puede dar el consentimiento del pueblo saharaui y que la Unión Europea tiene la obligación de no reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Afortunadamente, en el teórico Estado de Derecho que es la Unión Europea, tanto las instituciones como los Estados miembros están obligados a respetar el Derecho internacional, porque las decisiones de sus tribunales son vinculantes. Pero en una sociedad descentralizada como la internacional, los Estados que, como Marruecos, Israel o Rusia, violan sin complejos el orden jurídico internacional, no están obligados a aceptar la jurisdicción de los tribunales internacionales que pueden poner límites a sus aspiraciones expansionistas, y por tanto gozan de una especie de carta blanca para seguir haciéndolo.
Pero, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de este reconocimiento? Yendo más lejos, cabe preguntarse cuáles serían las consecuencias jurídicas de que Marruecos reconociera la soberanía israelí sobre Palestina, lo que es poco probable que ocurra debido a la reacción que sin duda generaría en la sociedad civil marroquí. La realidad es que no hay ninguna. Quienes violan habitualmente el derecho internacional seguirán haciéndolo, como hasta ahora. Pero ni Trump, ni Netanyahu, ni Mohamed VI tienen capacidad para hacer legal lo que no lo es. En la misma línea, la política marroquí de promover la apertura de consulados de terceros Estados en el Sáhara Occidental, en un intento de consolidar la aceptación por la comunidad internacional del hecho consumado de la ocupación (que Trump anunció que haría, pero que Biden evitó hacer), impulsada mediante presiones y coacciones contra Estados (inmigración, Ceuta y Melilla, cooperación contra el terrorismo internacional, narcotráfico…) o contra sus representantes….) o contra sus representantes, o a través de la corrupción de estos últimos (Moroccogate) no tendrá consecuencias más allá de la disputa entre diplomáticos de estos países por un puesto donde poder disfrutar de unas tranquilas vacaciones, ya que no tendrán que realizar las funciones que son habituales en los consulados… debido a la ausencia de sus nacionales en territorio saharaui.
*Profesor de Derecho Internacional Público Universidad del País Vasco / Esukal Herriko Unibertsitatea
