El saqueo continuado de fosfatos en el Sáhara Occidental por parte de Marruecos en 2023 ha generado un beneficio neto de 1.400 millones de dólares, convirtiendo este recurso en un «arma económica» utilizada por el país para asegurar apoyo a su posición en el conflicto con el Frente Polisario.
La Office chérifien des phosphates (OCP), tras tomar el control de Fosbucraa, empresa española creada en 1968 para explotar minerales en la región, obtuvo este beneficio a través de exportaciones ilegales de fosfatos. Aunque menor que en años anteriores, estas exportaciones siguen siendo una herramienta de chantaje política por parte de Marruecos.
La OCP incluso anuló un pedido peruano de 50.000 toneladas de abono como represalia por restablecer relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Además, Marruecos ha establecido proyectos de cooperación financiados con ingresos de estas exportaciones para acercarse a aliados.
Con el 31% del mercado mundial de fosfatos, Marruecos explota ilegalmente minas en el Sáhara Occidental, con reservas estimadas en 3.000 millones de toneladas. El fosfato es una de las principales fuentes de ingresos del gobierno marroquí en la región.
El Frente Polisario, respaldado por numerosas organizaciones internacionales, denuncia este expolio, habiendo logrado bloquear envíos de fosfato en puertos clave en el pasado. Además, ha obtenido victorias legales, como la anulación de acuerdos entre la UE y Marruecos que incluían el Sáhara Occidental sin consentimiento del pueblo saharaui.
El Frente Polisario continúa su lucha contra el expolio de recursos en el Sáhara Occidental por parte de Marruecos, obteniendo victorias legales significativas. Mientras tanto, Marruecos sigue utilizando los fosfatos como una herramienta económica y política en el conflicto en curso.