elsaltodiario.com.- A la vulneración constante de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado se une un secreto a voces: el expolio de recursos naturales saharauis por parte de empresas europeas. Muchas de ellas, gallegas.
Corea del Sur, Italia y España constituyen el top tres en la importación de pulpo a nivel mundial. Ya en 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) estimaba una demanda de 400 mil toneladas de pulpo, diez veces más que en 1950. Una tendencia en alza que choca de bruces con los límites planetarios y las consecuencias de la emergencia climática. “Conocer los datos exactos en cuanto a las poblaciones de pulpo es muy difícil, pero sí sabemos que en España hay pocos ejemplares”, explica Celia Ojeda, responsable de Biodiversidad en Greenpeace España.
Por este motivo, los principales caladeros atlánticos de los que se obtiene este famoso cefalópodo, oficialmente, son Mauritania y Marruecos. Un informe del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas (ODHE), Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS) y NOVACT deja al descubierto toda una trama de expolio continuado en el territorio ocupado del Sáhara Occidental, denunciado en múltiples ocasiones por el derecho internacional pero no lo suficientemente perseguido por una Unión Europea que se lava las manos dejando que la responsabilidad caiga en las empresas cómplices de dicho saqueo.
“Territorio pendiente de descolonización”, el ingrediente mágico para obtener una escala de grises desde la que actuar con total impunidad
El capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas denomina al Sáhara Occidental “Territorio No Autónomo pendiente de descolonización”. Ya en el año 1966, la Convención Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecían que “todos los pueblos deben, por sus propios medios, libremente disponer de los recursos naturales de todo tipo encontrados en su territorio, incluyendo el espacio marítimo”. Por otro lado, la Resolución 1803 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2008) describe “la soberanía permanente sobre las riquezas y los recursos naturales como un elemento básico del derecho de autodeterminación”. Es decir, un territorio no autónomo pendiente de descolonización, como es el Sáhara Occidental, tiene derecho a gestionar sus recursos, así como los beneficios generados por la explotación de los mismos.
Sin embargo, el conflicto en el territorio saharaui comprende múltiples niveles (político, económico, social y ético) y es el caldo de cultivo perfecto para generar una escala de grises en la que las empresas pueden actuar en la alegalidad con total impunidad. “No es obligatorio decir dónde fue capturada una especie, sino el puerto del que salió”, explica Ojeda, experta en Biodiversidad. La Unión Europea, siguiendo el principio de protección ecosistémica dado el riesgo en el que se encuentra el pulpo actualmente, ha limitado la pesca de esta especie. Pero las dificultades en la trazabilidad de los productos pesqueros hace imposible el control de esta limitación, ya que las empresas siguen capturando pulpo uniendo a la cuota de la UE otros convenios bilaterales con el Reino de Marruecos, quien captura el 90% de los pescados y cefalópodos en aguas reconocidas como saharauis, según una investigación realizada por el ODHE, ACAPS y varios colectivos de activistas saharauis, como la Asociación para la Vigilancia de los Recursos y para la Protección del Medio Ambiente en el Sáhara Occidental (AREN).
Los tentáculos del expolio: bajo la lupa
“La situación amenaza con peligro en los próximos años a menos que la comunidad internacional intervenga para imponer el descanso biológico y un control estricto de la sobrepesca contra los recursos marinos saharauis”, advierte Lahcen Dalil, activista saharaui integrante de AREN.
En 2018, tras la conferencia sobre resistencia civil noviolenta “Sahara Rise”, surge “El Sáhara Occidental no está en venta” (WSNS, por sus siglas en inglés), una campaña internacional contra el expolio de los recursos naturales en el Sáhara Occidental formada por activistas y asociaciones del pueblo saharaui. En su manifiesto, establecen el objetivo de poner fin a la actividad de las empresas extranjeras en cuanto a la explotación de los recursos naturales en el Sáhara Occidental ocupado. Esta campaña advierte de cómo en los últimos años la exportación de productos pesqueros, en especial sardinas y pulpo, del Sáhara Occidental está en aumento constante. Algunas de las empresas exportadoras más importantes se encuentran en el España y, más concretamente, en Galicia.
Las empresas gallegas Discefa, Frigoríficos Camariñas (Canosa), Profand, Salgado Congelados S.L, Fesba Seafood y Gilmar Mariscos anuncian en sus páginas web “pulpo de Dakhla”, una región perteneciente al Sáhara Occidental ocupado
Las empresas gallegas Discefa, Frigoríficos Camariñas (Canosa), Profand, Salgado Congelados S.L, Fesba Seafood y Gilmar Mariscos anuncian en sus páginas web “pulpo de Dakhla”, una región perteneciente al Sáhara Occidental ocupado. Todas ellas han rechazado la oportunidad de responder preguntas para este reportaje. “La normalización y complicidad con la anexión ilegal de un territorio no autónomo pendiente de descolonizar se está realizando sin ningún tipo de pudor”, denuncian desde ACAPS, la Asociación Catalana de Amigas del Pueblo Saharaui.
Hace menos de un año, concretamente el 17 de julio del 2023, pasados los cuatro años establecidos en su publicación en 2019, finalizó el protocolo creado dentro del acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. Dicho acuerdo permitía a las flotas pesqueras de la UE faenar en las aguas bajo la jurisdicción de Marruecos, a cambio de una contrapartida económica de 208,7 millones de euros. El Frente Polisario denunció ante el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TGJUE) en 2021 que al menos el 90% de estas capturas se estaban realizando en el espacio marítimo saharaui, sin beneficiar de forma alguna al pueblo originario de dicho territorio. Tras esta denuncia, y la sentencia dictada por el TGJUE en septiembre de ese mismo año, se decidió no prorrogar este acuerdo, dictaminando así que la UE tiene la obligación de respetar los intereses del pueblo saharaui, solicitando el permiso previo al Frente Polisario, que cuenta con el reconocimiento internacional como representante del pueblo saharaui. Un toque de atención histórico para la comunidad europea, pero no el primero: los acuerdos anteriores entre la UE y el Reino de Marruecos ya contaban con la advertencia del Tribunal de Justicia de que no eran aplicables al Sáhara Occidental.
