Sometido a un bloqueo militar y mediático desde su invasión por Marruecos en 1975, el Sáhara Occidental se ha convertido en «un agujero negro informativo». Así lo lamenta el grupo de trabajo sobre los derechos humanos en los territorios ocupados en su reciente informe sobre las violaciones documentadas durante el año 2023.
Desde la ruptura del alto el fuego en noviembre de 2020, las medidas represivas en los territorios ocupados del Sáhara Occidental han intensificado el bloqueo de información. “Además de la prohibición total de facto de la entrada de observadores y periodistas extranjeros, los periodistas locales que se desvían de la línea oficial son castigados y perseguidos,” señala el informe del grupo de trabajo.
Este grupo de trabajo, compuesto por defensores locales de los derechos humanos saharauis y activistas internacionales, documenta las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en los territorios ocupados. El informe subraya que «este muro de silencio absoluto impuesto por el Reino de Marruecos contra la libertad de prensa convierte el periodismo en una profesión clandestina».
Desde la introducción del artículo 267-591 en el Código Penal marroquí en 2016, cualquier expresión que pueda constituir una amenaza para la integridad territorial del Reino, incluyendo los territorios ocupados del Sáhara Occidental, está penalizada. «Este artículo implica que los periodistas que cuestionen el estatuto jurídico del Sáhara Occidental pueden ser objeto de suspensión y bloqueo de los medios de comunicación, así como de prisión de 6 meses a 2 años y/o multa de 20.000 a 200.000 dirhams», detalla el grupo.
El mismo artículo precisa que las penas pueden aumentar de dos a cinco años de prisión y de multa de 50.000 a 500.000 dirhams si las declaraciones se hacen en reuniones o lugares públicos, mediante carteles, folletos o cualquier otro medio impreso o electrónico.
Este bloqueo se lleva a cabo castigando implacablemente el ejercicio del periodismo local y bloqueando el acceso a los medios de comunicación extranjeros mediante torturas, detenciones, malos tratos y otras formas de persecución. Los principales objetivos del ataque a la libertad de prensa incluyen medios como «Equipe Média», RASD TV, la Fundación Nushatta para los Medios y los Derechos Humanos, Smara News y Al Gargarat.
Desde que Marruecos fortaleció su control en 2014, a más de 309 juristas, abogados, académicos, defensores de los derechos humanos, periodistas y parlamentarios independientes se les ha negado el acceso o se les ha expulsado de Marruecos o del Sáhara Occidental. En 2023, destacan los casos de la profesora y activista catalana Nuria Bota, el investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona Roberto Cantoni, y las abogadas españolas María Dolores Travieso e Inés Miranda, todos expulsados de El Aaiún.
El Sáhara Occidental sigue siendo un territorio donde la información y la libertad de prensa están severamente reprimidas, reflejando la compleja situación de derechos humanos en la región.
