El régimen marroquí ha intensificado en agosto las demoliciones de viviendas saharauis, matando ganado, destruyendo medios de vida y desplazando a familias enteras en el Sáhara Occidental ocupado. El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Gali, ha calificado estas acciones como crímenes de guerra y ha solicitado a las Naciones Unidas una intervención urgente para frenar lo que denuncia como una política de tierra quemada para desarraigar a los saharauis y perpetuar la ocupación marroquí del territorio.
Durante el mes de agosto, las autoridades marroquíes han incrementado las acciones represivas en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, especialmente en los alrededores de la capital, El Aaiún. Estas acciones incluyen la demolición de viviendas saharauis, la quema de campamentos y la destrucción de infraestructuras esenciales para el sustento de las familias, como corrales y almacenes de alimentos. Según el Comité para la Defensa del Derecho del Pueblo Saharaui a la Autodeterminación (CODAPSO), muchas familias han perdido no solo sus hogares, sino también sus fuentes de ingresos, como el ganado, que ha sido asesinado o robado durante estas operaciones.
El presidente de la RASD, Brahim Gali, denunció que estas operaciones forman parte de una campaña más amplia de colonización por parte de Marruecos, cuyo objetivo es modificar la composición demográfica del territorio mediante el asentamiento de colonos marroquíes y personas de otras nacionalidades. “Es una escalada grave en la política de tierra quemada que lleva a cabo Marruecos. Están expropiando tierras saharauis, destruyendo sus hogares y medios de subsistencia, con el objetivo de obligarlos a abandonar el territorio y asentar más colonos”, declaró Gali en una carta enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, y al Consejo de Seguridad.
Estas acciones no son nuevas, pero se han intensificado desde que Marruecos rompiera el alto el fuego en noviembre de 2020, en un claro desafío a los acuerdos internacionales. Según Gali, desde entonces las fuerzas marroquíes han acelerado la confiscación de tierras, expulsando a pastores y agricultores saharauis de sus tierras, especialmente en áreas rurales alrededor de las principales ciudades saharauis. Además, las familias afectadas denuncian que Marruecos no solo ha destruido viviendas, sino también ha incendiado chozas y campamentos situados en la costa, dejando a cientos de personas sin refugio.
CODAPSO considera que estas demoliciones y desplazamientos forzosos forman parte de una estrategia para intimidar a la población saharaui y forzar su aceptación de la ocupación marroquí. Además, esta organización subraya que estas acciones no son casos aislados, sino que se enmarcan en un contexto más amplio de represión sistemática contra el pueblo saharaui. Los saharauis que se atreven a manifestarse pacíficamente son brutalmente reprimidos, mientras que otros enfrentan suspensión de salarios, prohibiciones de reunión y severas restricciones a la libertad de movimiento.
El Frente POLISARIO y otras organizaciones saharauis han denunciado ante Naciones Unidas que esta política marroquí busca alterar el tejido social y económico del Sáhara Occidental, aprovechando la indiferencia de la comunidad internacional. A pesar de las continuas violaciones del derecho internacional, Marruecos sigue aplicando un régimen de represión, empobrecimiento y discriminación racial contra los saharauis, lo que ha provocado el desplazamiento forzoso de miles de personas, convirtiéndolos en refugiados en su propio territorio.
Ante esta escalada de represión, el presidente saharaui, Brahim Gali, ha instado a las Naciones Unidas a tomar medidas urgentes para proteger a los civiles saharauis y garantizar que se responsabilice a Marruecos por sus violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Además, Gali ha pedido la liberación inmediata de los presos políticos saharauis, que sufren condiciones inhumanas en cárceles marroquíes, muchos de los cuales han iniciado huelgas de hambre para exigir sus derechos.
En un momento en el que los saharauis enfrentan una de las etapas más difíciles en su lucha por la autodeterminación, la comunidad internacional, incluida España, sigue en gran medida en silencio, dejando a miles de personas en una situación de vulnerabilidad y represión bajo la ocupación marroquí.
