La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha manifestado su profunda preocupación por la situación de 58 saharauis retenidos en el aeropuerto de Madrid-Barajas, de los cuales a 10 se les ha denegado el estatuto de asilo y se encuentran en riesgo inminente de expulsión. La organización ha advertido sobre las posibles consecuencias que esta medida podría tener, tanto en el ámbito de los derechos humanos como en las obligaciones internacionales que España mantiene sobre el Sáhara Occidental.
La UPF ha subrayado, en un comunicado oficial, varios motivos que fundamentan su alarma frente a esta situación. En primer lugar, ha recordado que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, pendiente de descolonización, y que España sigue siendo la potencia administradora de dicho territorio, tal y como lo han señalado diversas resoluciones de las Naciones Unidas, tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad. Estas resoluciones, junto con el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de 1975, establecen que la población saharaui tiene derecho a un referéndum de autodeterminación para decidir su futuro, algo que todavía no ha ocurrido.
Además, la UPF ha señalado que los saharauis en los territorios ocupados por Marruecos, en especial los activistas que defienden los derechos humanos, sufren continuas y graves violaciones de sus derechos. Informes recientes y dictámenes de organismos internacionales como el Comité Contra la Tortura de la ONU y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias han confirmado estos abusos. Ante este panorama, la UPF ha reclamado al Gobierno español que garantice los derechos de los saharauis que han solicitado asilo en España, y ha advertido sobre los riesgos que supondría entregarlos a las autoridades marroquíes, lo que podría comprometer gravemente su integridad física y moral, además de poner en peligro su libertad personal.
El comunicado de la UPF también ha señalado que la entrega de estos solicitantes de asilo a Marruecos sería un incumplimiento de las obligaciones que España mantiene como potencia administradora del Sáhara Occidental, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Esta acción podría interpretarse, según la UPF, como una colaboración activa con la ocupación marroquí del territorio, lo cual, afirman, sería una grave violación del derecho internacional y nacional en materia de asilo y refugio.
La organización ha recordado que en 2014 España ya fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la ejecución de resoluciones de expulsión similares. En aquella ocasión, el TEDH indicó al Gobierno español la obligación de mantener a los demandantes en territorio español durante el examen de sus solicitudes de protección internacional, y prohibió su expulsión hasta que no se resolvieran definitivamente sus causas.
La Unión Progresista de Fiscales ha concluido su comunicado reclamando al Gobierno español que respete el derecho internacional y garantice la protección de los saharauis solicitantes de asilo. Expulsarlos sin un análisis exhaustivo y definitivo de sus casos, advierte la UPF, no solo pondría en peligro sus vidas, sino que también supondría un grave incumplimiento de las obligaciones de España en el marco del Sáhara Occidental y en el respeto de los derechos humanos. El mensaje final de la UPF es claro: cualquier acción que facilite la repatriación forzada de los saharauis sería vista como una traición a los principios humanitarios que rigen el derecho de asilo.
