El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha invalidado dos acuerdos comerciales firmados en 2019 entre la Unión Europea y Marruecos en materia de pesca y agricultura, afirmando que estos se celebraron sin el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. Esta decisión, considerada «contundente» y «excepcional» por el abogado del Frente Polisario, Gilles Devers, marcará un precedente en la jurisprudencia europea, ya que refuerza el estatus del Sáhara Occidental como un territorio separado y distinto de Marruecos bajo el amparo del derecho internacional.
La sentencia del TJUE, dictada el pasado viernes, supone un hito en la lucha del pueblo saharaui por el reconocimiento de su autodeterminación. El Tribunal concluyó que los acuerdos de pesca y productos agrícolas firmados entre la UE y Marruecos en 2019, que incluían la explotación de los recursos del Sáhara Occidental, no contaban con el consentimiento de su pueblo, una violación de los principios de autodeterminación y efecto relativo de los tratados internacionales.
Gilles Devers, principal abogado del Frente Polisario, describió la decisión como «extremadamente fuerte» y afirmó que marcará la jurisprudencia del Tribunal Europeo. «Obtener la anulación de acuerdos internacionales por parte de un juez es algo bastante excepcional», señaló Devers en declaraciones a la agencia APS, subrayando que este fallo es un reconocimiento decisivo del estatus del Sáhara Occidental en el derecho internacional.
El tribunal reiteró que el Sáhara Occidental no está bajo la soberanía de Marruecos, según lo estipulado por la Carta de las Naciones Unidas, que garantiza un estatus «separado y distinto» al territorio saharaui y el derecho de su pueblo a la autodeterminación. En este contexto, el TJUE dejó claro que cualquier acuerdo que afecte a los recursos de esta región debe contar con el consentimiento directo del pueblo saharaui, y no con el de las poblaciones asentadas en el territorio bajo administración marroquí.
El tribunal consideró que la UE y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) fallaron al no consultar al pueblo del Sáhara Occidental, que es el único titular del derecho a la autodeterminación en relación con el territorio. En su lugar, las instituciones europeas realizaron consultas a la «población» actual de la región, compuesta en su mayoría por colonos y súbditos marroquíes que no representan al pueblo saharaui. Esta falta de consulta legítima fue uno de los factores determinantes en la anulación de los acuerdos.
La sentencia también refuerza el estatus del Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui. El TJUE subrayó que el Frente Polisario, reconocido como «un sujeto de derecho internacional», tiene la capacidad legal para actuar en defensa de los intereses del pueblo saharaui ante los tribunales europeos. Esto supone un golpe a las afirmaciones de Marruecos sobre su soberanía en el Sáhara Occidental y fortalece la posición del Frente Polisario en el proceso de autodeterminación auspiciado por las Naciones Unidas.
Gilles Devers destacó que la cuestión del consentimiento del pueblo saharaui estuvo en el centro del proceso judicial. «Sustituyeron el consentimiento del pueblo saharaui por la consulta a las poblaciones locales», explicó Devers, señalando que los habitantes a los que se consultó en la región eran en su mayoría colonos mar