En una firme declaración contra la explotación de los recursos naturales en el Sáhara Occidental, el Comité Noruego de Apoyo al Pueblo Saharaui ha instado a la naviera noruega Green Reefers a cesar sus operaciones en la región, enfatizando que el comercio con productos provenientes de este territorio, aún en proceso de descolonización, representa una violación del derecho internacional.
El Comité Noruego de Apoyo al Pueblo Saharaui envió una carta directa a la empresa Green Reefers, dueña del buque frigorífico «Green Austevoll», que se utiliza para transportar pescado capturado en aguas del Sáhara Occidental. “Le pedimos que detenga inmediatamente el transporte de estos cargamentos”, escribió el Comité, subrayando que resulta “difícil imaginar una práctica comercial más problemática que la que realiza su empresa». En el texto, el Comité rememora la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que invalidó acuerdos comerciales firmados en 2019 entre la UE y Marruecos debido a la inclusión ilegal del territorio saharaui.
El Comité hace referencia a las conclusiones del tribunal europeo, que subrayaron la falta de consentimiento del pueblo saharaui como motivo de invalidez de dichos acuerdos. Según el Comité Noruego, el transporte de pescado desde el Sáhara Occidental no solo vulnera los derechos de la población saharaui, sino que “viola el derecho internacional”. Esta petición se une a numerosas cartas previas enviadas a Green Reefers, que hasta la fecha han quedado sin respuesta. No obstante, la empresa sigue operando en la región, a pesar de las recomendaciones del gobierno noruego que aconsejan a sus empresas evitar el comercio con el territorio ocupado.
Por su parte, el presidente de la ONG noruega Green Shipping, Eivind Eidesvik, señaló en declaraciones al diario Dagbladet que corresponde a las autoridades noruegas establecer y aplicar sanciones si así lo consideran. Estas declaraciones han sido interpretadas por el Comité Noruego como una falta de compromiso en respetar la descolonización del Sáhara Occidental y han intensificado el reclamo para que las empresas del país no participen en actividades que perpetúan la ocupación de la región.
En paralelo, el Sindicato Francés de Solidaridad se ha sumado a la condena de las actividades comerciales en el Sáhara Occidental y ha lanzado su propia advertencia, exigiendo a las autoridades francesas y europeas que respeten las resoluciones de la ONU sobre este territorio. En un comunicado reciente, el sindicato reafirmó la importancia de aplicar y cumplir con el derecho internacional, recordando que la reciente sentencia del TJUE subraya la ilegalidad de los acuerdos comerciales que incluían al Sáhara Occidental sin el consentimiento de su pueblo.
Este sindicato francés, que forma parte de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Lucha junto con la Unión General de Trabajadores de Saguia El-Hamra y Río de Oro, subrayó que la simple cancelación de los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos no es suficiente para garantizar los derechos de los saharauis. «Es hora de que las autoridades francesas, europeas e internacionales respeten el derecho internacional y pongan fin a las violaciones de los derechos del pueblo saharaui y al saqueo de sus riquezas», afirmó la organización en su comunicado, reiterando su apoyo a la lucha del pueblo saharaui y criticando el plan de autonomía marroquí.
El sindicato francés también condenó los comentarios recientes del presidente francés, Emmanuel Macron, quien expresó su respaldo al “plan de autonomía” propuesto por Marruecos, una medida que el sindicato tildó de inaceptable y contraria a la legitimidad internacional. Según la organización, las declaraciones de Macron reflejan una posición económica y políticamente interesada que, en su opinión, se hace a expensas de los derechos y la autodeterminación del pueblo saharaui.
Ambas organizaciones recalcan que ha llegado el momento de detener el saqueo de los recursos saharauis y los reiterados abusos a sus derechos humanos, exigiendo a las empresas europeas que cesen sus actividades comerciales en el Sáhara Occidental y respeten el marco legal internacional que ampara a esta población en su derecho a decidir sobre su propio territorio.