El 31 de octubre de 2024, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 2756, prorrogando el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) hasta octubre de 2025.
La renovación provocó una respuesta polarizada, poniendo de relieve las profundas divisiones entre los Estados miembros sobre el controvertido estatus político del Sáhara Occidental y los derechos del pueblo saharaui. Argelia, Mozambique y Rusia presionaron para equilibrar la resolución, con el objetivo de abordar los problemas de derechos humanos y las violaciones del derecho internacional en la región. Sus propuestas pretendían dotar a la MINURSO de un papel de vigilancia de los derechos humanos, instando a que la misión estuviera equipada para investigar y hacer un seguimiento de los abusos de los derechos humanos, con actualizaciones anuales para el Consejo de Seguridad.
En concreto, Argelia propuso un texto en el que se señalaba la «profunda preocupación» del Consejo por el hecho de que al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) se le haya negado el acceso al Sáhara Occidental durante nueve años. Esta sugerencia pretendía garantizar la rendición de cuentas, reflejando la creciente frustración por los abusos contra los derechos humanos de los saharauis, como la vigilancia, la discriminación y las restricciones a su libertad de movimiento. Los esfuerzos de Argelia y Rusia por garantizar estas disposiciones pusieron de relieve su opinión de que el mandato original de la MINURSO -facilitar un referéndum de autodeterminación- sigue siendo el camino más legítimo hacia la paz. Sin embargo, estas recomendaciones fueron finalmente excluidas de la resolución final.
Por el contrario, Estados Unidos y Francia abogaron por una «prórroga técnica» que evitara cambios sustanciales en el mandato actual de la MINURSO. Estas naciones, que históricamente han apoyado la propuesta de autonomía de Marruecos, se abstuvieron de respaldar cualquier disposición que ampliara el papel de la MINURSO a la supervisión de los derechos humanos, manteniendo lo que el Frente Polisario denomina un «claro sesgo» hacia Marruecos. Francia, especialmente firme en su oposición a la supervisión de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, argumentó que tales medidas podrían perturbar los lazos diplomáticos y desestabilizar las negociaciones en curso. Esta postura se alinea con el apoyo constante de Francia a los intereses marroquíes, reforzado por el cambio de política de Estados Unidos en 2020 que reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.
El Frente Polisario expresó su profunda decepción por la falta de progreso de la resolución, caracterizándola como otro caso en el que el Consejo de Seguridad no responsabiliza a Marruecos de lo que ellos consideran violaciones del alto el fuego de 1991. En un comunicado de prensa, el Polisario reafirmó su compromiso de «intensificar la lucha legítima por la independencia», y acusó al Consejo de respaldar tácitamente las acciones de Marruecos por su inacción ante las violaciones de los derechos humanos y la expansión de los asentamientos en el Sáhara Occidental. Hicieron hincapié en que cualquier resolución genuina debe reconocer el derecho de los saharauis a la autodeterminación, consagrado en el Plan de Arreglo de la ONU y la OUA. La determinación del pueblo saharaui en favor de la independencia y la soberanía se mantiene inquebrantable, y el Polisario promete resistir hasta que se alcancen estos objetivos.
La resolución se adoptó con 12 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones (Mozambique y Federación Rusa).
Esta reciente resolución pone de relieve las complejidades geopolíticas y los intereses contrapuestos que siguen obstaculizando una solución global y justa en el Sáhara Occidental. Aunque el Consejo ha renovado la misión de la MINURSO, las diferentes perspectivas en su seno ponen de relieve los retos que plantea la consecución de un enfoque unificado de la paz y los derechos humanos en este prolongado conflicto.
