El número total de defensores de derechos humanos y observadores extranjeros expulsados por las autoridades marroquíes en el Sáhara Occidental ocupado ha llegado a 300 desde 2014, según se informó este lunes la Liga de Protección de los Prisioneros Saharauis en las Cárceles Marroquíes y la Asociación Francesa de Amistad y Solidaridad con los Pueblos Africanos. Estas expulsiones forman parte de un bloqueo que busca impedir la documentación de las violaciones a los derechos humanos en la región.
El último incidente se registró el lunes, cuando las autoridades marroquíes detuvieron y expulsaron a dos activistas noruegos, Maya Roningsbak, de 26 años, y Kevin Vosens, de 27, tras reunirse con defensores de derechos humanos saharauis en la ciudad ocupada de El Aaiún.
En un comunicado conjunto, la Liga de Protección de los Prisioneros Saharauis en las Cárceles Marroquíes y la Asociación Francesa de Amistad y Solidaridad con los Pueblos Africanos expresaron su preocupación por estas expulsiones. Además, señalaron que el interés en la causa saharaui ha aumentado desde 2002, atrayendo a defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y activistas de 28 países.
Desde 2014, Marruecos ha expulsado a defensores de derechos humanos y periodistas de 21 países, entre ellos Noruega, España, Suecia y Estados Unidos. Noruega encabeza la lista con 135 ciudadanos expulsados, seguida de España con 105 expulsiones.
La expulsión de extranjeros en el territorio ha fluctuado en los últimos años: 53 en 2014, 22 en 2015, 85 en 2016, 68 en 2017 (incluyendo a 5 eurodiputados), 11 en 2018, 34 en 2019, 8 en 2020, 3 en 2021, 5 en 2022, 6 en 2023 y 5 en 2024.
El informe también indica que, en los últimos años, Marruecos ha prohibido o expulsado a siete organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Free Press Unlimited, en un esfuerzo por restringir la documentación de la situación en el Sáhara Occidental.
Esta situación se ve agravada por la falta de un mandato de vigilancia de derechos humanos para la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), lo cual, según los defensores saharauis, permite que continúen las supuestas violaciones sin supervisión.
