La posible cesión del control del espacio aéreo del Sáhara Occidental por parte de España a Marruecos ha encendido las alarmas en el Senado y entre sectores críticos que ven esta medida como un acto de desentendimiento político y legal frente a una región aún marcada por la disputa internacional. Esta cuestión, planteada por el senador Aniceto Armas, de El Hierro, refleja una creciente preocupación por la falta de transparencia y el posible impacto de esta decisión.
Una gestión aérea cuestionada
Desde 1976, tras la salida de España del Sáhara Occidental, la gestión del espacio aéreo de esta región quedó asignada a España por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Esto se hizo con el objetivo de garantizar neutralidad en un contexto de disputa entre Marruecos y el Frente Polisario, que lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui. Hasta hoy, esa gestión ha dependido del Centro de Control Aéreo de Canarias, administrado por Enaire, el proveedor español de servicios de navegación aérea.
Sin embargo, según informes de Fly News, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible estaría explorando la posibilidad de transferir este control a Marruecos, lo que implicaría un cambio radical en una política de décadas. El senador Armas, respaldado en fuentes del sector, denunció que esta cesión podría realizarse de manera opaca, «con la excusa absurda de que no se cede el espacio aéreo como tal, sino la prestación del servicio ATS».
Una decisión «por la puerta de atrás»
Armas criticó que esta cesión se haría «por la puerta de atrás» y sin un debate público adecuado. Según el senador, la transferencia de servicios ATS (servicios de tránsito aéreo) a proveedores extranjeros suele limitarse a pequeñas zonas por razones técnicas o de tráfico, pero no es el caso de la propuesta actual. “Aquí estamos hablando de entregar todo el espacio aéreo saharaui, un movimiento sin precedentes y con implicaciones muy serias”, advirtió.
El temor radica en que esta decisión podría consolidar la ocupación marroquí sobre el Sáhara Occidental, ignorando el conflicto político y la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación. Además, este acto podría interpretarse como un reconocimiento implícito de la soberanía de Marruecos sobre un territorio considerado por la ONU como «no autónomo» y sujeto a descolonización.
Implicaciones legales y diplomáticas
La medida no solo sería polémica desde un punto de vista político, sino que podría tener repercusiones legales y diplomáticas para España. La gestión del espacio aéreo saharaui fue asignada a España precisamente para evitar favorecer a ninguna de las partes en el conflicto. Al entregar el control a Marruecos, España podría violar este principio de neutralidad, debilitando su posición en el ámbito internacional.
Asimismo, la cesión podría interpretarse como un apoyo indirecto a las políticas de Marruecos en el Sáhara Occidental, cuestionadas por múltiples organismos internacionales debido a violaciones de derechos humanos y el rechazo a un referéndum de autodeterminación.
Desprecio hacia Canarias
Desde las Islas Canarias, la propuesta también ha sido recibida con indignación. El control aéreo del Sáhara Occidental no solo tiene implicaciones internacionales, sino también operativas para el archipiélago, cuya proximidad geográfica lo hace dependiente de la coordinación con esta región. Para muchos, la decisión supone una desconsideración hacia los intereses canarios, cediendo competencias estratégicas sin consultar a los actores locales.
Una política exterior errática
Esta posible cesión se suma a una serie de decisiones recientes del gobierno español que han generado controversia respecto a su relación con Marruecos y el Sáhara Occidental. En 2022, España cambió su posición histórica sobre el conflicto, apoyando el plan de autonomía marroquí, lo que fue interpretado como un giro en su política exterior.
Si bien el gobierno no ha confirmado oficialmente la cesión del espacio aéreo, el silencio y la falta de información transparente alimentan las sospechas de una posible maniobra política para apaciguar a Marruecos, aunque sea a costa de los principios de neutralidad y descolonización defendidos por el Derecho Internacional.
¿Hacia dónde se dirige España?
La posible entrega del control aéreo del Sáhara Occidental plantea preguntas fundamentales sobre el compromiso de España con el Derecho Internacional, la descolonización y la defensa de los derechos del pueblo saharaui. Más allá de los aspectos técnicos, esta decisión podría consolidar una política exterior errática y percibida como sumisa frente a Marruecos, erosionando la credibilidad de España en los foros internacionales y su papel en la región.
La cuestión sigue abierta en el Senado, donde se espera que el gobierno aclare su posición. Entretanto, crecen las voces que exigen transparencia y una evaluación más rigurosa de las implicaciones políticas, legales y éticas de una decisión que, de confirmarse, podría marcar un antes y un después en la relación entre España, el Sáhara Occidental y Marruecos.
