Marruecos expulsó a más de 307 profesionales de derechos humanos del Sáhara Occidental

Expulsiones sistemáticas en el Sáhara Occidental: más de 307 profesionales y ONG han sido expulsados por Marruecos por investigar violaciones de derechos humanos en la región.

Una investigación conjunta de LPPS y AFASPA revela la sistemática expulsión de periodistas, abogados y activistas internacionales que investigan violaciones del derecho internacional humanitario en el Sahara Occidental.

Según un reciente informe publicado por la Liga para la Protección de los Derechos Humanos de Presos Políticos Saharauis (LPPS) y la Asociación Francesa de Amistad y Solidaridad con los Pueblos de África (AFASPA), al menos 307 profesionales de la información, abogados y activistas de derechos humanos han sido denegados o expulsados del Sáhara Occidental por las autoridades marroquíes desde 2014. Estos profesionales, provenientes de 21 países repartidos en 4 continentes, buscaban investigar violaciones del derecho internacional humanitario en el territorio ocupado.

El informe detalla que, desde 2014, Marruecos no permite el ingreso de observadores extranjeros al Sáhara Occidental. En cifras reveladoras, se destacan 85 expulsiones realizadas en 2016, 68 en 2017 –incluyendo a diputados europeos–, 53 en 2014 y 34 en 2019. Además, se han registrado al menos 19 casos en los que personas fueron expulsadas desde Marruecos mientras se encontraban en tránsito hacia el territorio ocupado o durante investigaciones relacionadas con la situación de los derechos humanos.

Entre las últimas acciones, se destaca la intervención de las autoridades marroquíes el pasado jueves, cuando impidieron que un grupo de parlamentarios vascos accediera al Sáhara Occidental. Estos legisladores pretendían evaluar la situación en el territorio, recoger testimonios sobre las violaciones sistemáticas de derechos humanos y denunciar la explotación de recursos naturales, además de intentar romper el bloqueo mediático impuesto en la zona.

El documento también denuncia la expulsión o prohibición de acceso a Marruecos de siete organizaciones no gubernamentales internacionales, entre las que se encuentran Human Rights Watch, Novact, Abogados sin Fronteras, Friedrich Naumann Stiftung, Amnistía Internacional, Fundación Carter y Free Press Unlimited.

La situación se agrava aún más por la falta de acceso que tiene la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) al Sáhara Occidental, luego de nueve años de espera por una autorización de las autoridades marroquíes. En su último informe sobre la situación en la región, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, expresó su preocupación ante la “persistente” imposibilidad de contar con un seguimiento independiente, imparcial y regular de los derechos humanos en el territorio.

Guterres destacó que la carencia de acceso a información de primera mano perjudica la evaluación integral de la situación de derechos humanos, mientras el ACNUDH continúa recibiendo reportes sobre restricciones, intimidación y acoso contra activistas saharauis que defienden el derecho a la autodeterminación. La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) sigue siendo la única misión de mantenimiento de la paz en la zona sin un mecanismo de vigilancia de los derechos humanos, lo que ha contribuido al agravamiento de las violaciones en la región.

A pesar del bloqueo militar y mediático impuesto por Marruecos, la resistencia saharaui sigue despertando el interés internacional. Desde 2002, según indican LPPS y AFASPA, defensores de derechos humanos, periodistas, abogados, directores, sindicalistas y amigos del pueblo saharaui han arribado a la región con el objetivo de documentar las condiciones de vida y la resistencia pacífica ante lo que describen como una represión colonial.

El informe pone en evidencia la estrecha relación entre las medidas de expulsión y el intento de silenciar cualquier forma de denuncia sobre la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, abriendo un debate sobre la necesidad de garantizar el acceso a la información y la protección de los derechos fundamentales en territorios en conflicto.