La eurodiputada del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Ana Miranda, ha elevado una queja formal ante la Comisión Europea tras la reciente expulsión de periodistas españoles del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. La parlamentaria ha denunciado este acto como un nuevo intento de silenciar a la prensa internacional y de ocultar las violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados.
A través de un mensaje en sus redes sociales, Ana Miranda manifestó su solidaridad con el periodista de El Independiente, Francisco Carrión, a quien las autoridades marroquíes le impidieron el acceso a Dajla, ciudad del Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí. “Ante esta injusta expulsión decidida por Marruecos contra Carrión por haber dicho la verdad sobre el Sáhara Occidental, formularé una pregunta a la Comisión Europea sobre la protección de los periodistas”, anunció la eurodiputada.
Miranda planteó interrogantes directas a la Comisión Europea, exigiendo conocer qué medidas tomará para garantizar la seguridad de los periodistas y qué acción llevará a cabo frente a las restricciones impuestas por Marruecos. Su preocupación se alinea con la resolución del Parlamento Europeo sobre la protección de periodistas y la libertad de expresión, aspectos clave dentro de la política de la Unión Europea.
Un «agujero negro informativo»
Las expulsiones de periodistas han sido recurrentes en el Sáhara Occidental, una región que la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) califica como un «agujero negro informativo» debido al estricto control policial y militar impuesto por Marruecos. Desde principios de 2025, al menos siete ciudadanos españoles han sido expulsados del territorio.
Entre los primeros afectados estuvieron el periodista José Carmona, del diario Público, y los activistas solidarios con el pueblo saharaui Antonio Martínez y Sergio García, quienes lograron acceder a Dajla ocupada a través de una reciente ruta aérea de Ryanair, considerada ilegal bajo el derecho internacional. Sin embargo, al día siguiente, fueron detenidos y deportados vía Agadir, en Marruecos.
La situación se agravó la semana pasada cuando a un grupo de parlamentarios vascos también se les negó la entrada a El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado. Pocos días después, el periodista Francisco Carrión sufrió la misma suerte, lo que ha generado una ola de condenas internacionales.
Reacciones y condena internacional
La expulsión de periodistas españoles ha provocado una fuerte reacción de organizaciones de prensa y derechos humanos. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y Reporteros Sin Fronteras han denunciado estos actos y han instado a Marruecos a garantizar el acceso libre y sin restricciones a la prensa internacional. Además, la FAPE ha solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores de España que exija explicaciones a su contraparte marroquí por estos hechos.
Un patrón sistemático de expulsiones
Un informe conjunto de la Liga para la Protección de los Presos Políticos Saharauis (LPPS) y la Asociación Francesa de Amistad y Solidaridad con los Pueblos de África (AFASPA) detalla que desde 2014 Marruecos ha negado el acceso o ha expulsado del Sáhara Occidental ocupado a al menos 307 periodistas, juristas y activistas de derechos humanos. Según el informe, estos afectados proceden de 21 países y cuatro continentes, lo que evidencia la sistematicidad de estas prácticas.
El documento también resalta que Marruecos ha intensificado estas restricciones en determinados años: 85 expulsiones en 2016, 68 en 2017 (incluidos cinco eurodiputados), 53 en 2014 y 34 en 2019. Desde 2014, Rabat ha impedido la presencia de observadores extranjeros en el Sáhara Occidental, reforzando así el control informativo sobre la región.
Presión a la Unión Europea
Las acciones de Marruecos han generado preocupación en el Parlamento Europeo, donde algunos eurodiputados han comenzado a presionar para que la Comisión tome cartas en el asunto. Ana Miranda ha reiterado la necesidad de que la Unión Europea adopte una postura firme contra estos atropellos y exija a Rabat el respeto a la libertad de prensa y los derechos humanos.
Este episodio se suma a una larga lista de incidentes que ponen en entredicho la relación entre la UE y Marruecos, especialmente en lo que respecta a la política de vecindad y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Mientras tanto, periodistas y activistas continúan denunciando la falta de acceso y la represión contra los saharauis que intentan visibilizar su situación. La comunidad internacional observa con atención los próximos movimientos de la Comisión Europea y del Gobierno español ante este nuevo ataque contra la libertad de información.
