Marruecos deporta a presos políticos saharauis en represalia por denunciar torturas

Marruecos deporta a presos políticos saharauis en represalia por denunciar torturas y condiciones inhumanas en prisión. Organizaciones de derechos humanos denuncian estas violaciones de la Cuarta Convención de Ginebra.

Las fuerzas de ocupación marroquíes han deportado a varios presos políticos saharauis tras sus protestas contra los malos tratos y las condiciones inhumanas en prisión, según informó el Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA) y recogió la agencia Sahara Press Service (SPS).

Entre los deportados se encuentran Aziz Al Wahidi, Albar Al Kantaoui y Abdelmula Al Hafidi, activistas que se han manifestado en contra de la represión marroquí en el Sáhara Occidental ocupado.

Traslados forzosos y destino desconocido

Según la información proporcionada por SPS, Albar Al Kantaoui fue trasladado a un destino desconocido, sin que se hayan facilitado detalles sobre su paradero. Por su parte, Aziz Al Wahidi fue enviado a una prisión local, mientras que Abdelmula Al Hafidi fue trasladado de la cárcel de Oudaya, en Marrakech, a la prisión de Bour El Sima, en Safi, alejándolo aún más de su entorno familiar.

CODESA denuncia que estas deportaciones forman parte de una política sistemática de represión contra los activistas saharauis encarcelados, quienes sufren torturas, malos tratos y condiciones infrahumanas en las prisiones marroquíes.

Violaciones del derecho internacional

Las deportaciones de los presos políticos saharauis constituyen una violación del artículo 76 de la Cuarta Convención de Ginebra, que establece que los detenidos deben permanecer en lugares cercanos a su residencia original.

SPS recuerda que Marruecos mantiene una política de represión contra la población saharaui, con arrestos arbitrarios, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados, además de ataques contra civiles en los territorios ocupados.

Organizaciones internacionales han denunciado repetidamente estas prácticas, mientras que los defensores de derechos humanos exigen una mayor presión sobre Marruecos para garantizar el respeto de las normas internacionales.