Aunque la retórica política entre Madrid y Rabat haya reflejado en ocasiones tensiones, la realidad sobre el terreno muestra una historia muy distinta: una colaboración militar en constante expansión. La última prueba procede de Navantia, empresa estatal española, que avanza firmemente en la construcción de un Patrullero Oceánico Avante 1800 para la Marina Real Marroquí. A pesar de las tensiones diplomáticas pasadas, la relación militar-industrial entre España y Marruecos no sólo persiste — sino que prospera.
Esto no debería sorprender a nadie. España no es un actor neutral en el conflicto del Sáhara Occidental. Según el derecho internacional, sigue siendo la potencia administradora de iure del Sáhara Occidental — una responsabilidad que deriva de la Carta de las Naciones Unidas, la Resolución 1514 (1960) sobre descolonización, y la Resolución 1541 (1960) que establece las condiciones para la descolonización de territorios no autónomos.
España no podía transferir legalmente la soberanía sobre el territorio. Su obligación jurídica sigue siendo descolonizar el Sáhara Occidental mediante el ejercicio libre y genuino del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, concretamente a través de un referéndum supervisado por las Naciones Unidas. Esta obligación nunca fue cumplida.
Por el contrario, en 1975, en plena crisis interna, España abandonó el territorio y a su pueblo, dejando el camino libre para la brutal invasión militar de Marruecos, que ha prolongado la ocupación y la represión durante décadas.
Desde entonces, España ha actuado no como espectador neutral, sino como cómplice de la ocupación ilegal marroquí. A través del suministro de equipamiento militar, transferencias de tecnología, formación y apoyo diplomático, España ha fortalecido la maquinaria de ocupación de Marruecos. Cada buque, cada sistema suministrado, consolida la represión y la violación de los derechos humanos del pueblo saharaui.
La política española no es mero pragmatismo económico: es una participación activa en un proyecto colonial ilegal. España apoya a un régimen que practica la tortura, las desapariciones forzadas, la detención arbitraria y la represión brutal, según informes consistentes de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Más alarmante aún es el desconocimiento de la ciudadanía española, que ignora que participa activamente en un conflicto que viola el derecho internacional y perpetúa décadas de sufrimiento e injusticia. Fondos públicos, empresas e instituciones españolas sostienen materialmente la ocupación marroquí.
Esta colaboración no es solo una traición histórica al pueblo saharaui; es una violación flagrante de los principios democráticos e internacionales de España.
Cada día de cooperación militar refuerza la responsabilidad de España en los crímenes cometidos en el Sáhara Occidental.
La verdad es clara: España, al seguir apoyando a Marruecos militarmente, elige la complicidad sobre la justicia y el interés económico sobre la dignidad humana.
España debe cesar inmediatamente su colaboración militar y asumir su obligación histórica: facilitar la descolonización y garantizar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
Cada día de silencio agrava la complicidad. Cada día de inacción prolonga el sufrimiento.
