Desde la invasión marroquí del Sáhara Occidental en 1975, la desposesión sistemática del pueblo saharaui no ha cesado. Al contrario, se ha intensificado, consolidando un régimen de ocupación basado en el robo de tierras, la explotación económica, el empobrecimiento forzado y la marginación política de los saharauis.
La reciente demolición de viviendas saharauis en la zona de Tadkhest, en las afueras de El Aaiún ocupado el 22 de abril de 2025, ilustra una política de expolio sistemático que se mantiene desde hace décadas. La destrucción repetida de viviendas saharauis y la confiscación de sus tierras no son actos aislados, sino parte de una estrategia deliberada de desplazamiento forzado, en violación directa de la Cuarta Convención de Ginebra sobre la protección de civiles en tiempos de guerra.
Estos actos constituyen crímenes de guerra según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El derecho internacional es claro: cualquier intento de alterar la composición demográfica de un territorio ocupado es ilegal. Sin embargo, las autoridades marroquíes continúan promoviendo la implantación de colonos marroquíes, fomentando la migración interna y creando condiciones de segregación racial sistemática, estableciendo un verdadero régimen de apartheid en los territorios ocupados.
Mientras tanto, el pueblo saharaui enfrenta un empobrecimiento organizado. Privados del acceso directo a sus tierras agrícolas, a sus recursos naturales y a oportunidades de empleo en su propio país, los saharauis sufren tasas de desempleo extremadamente altas. La economía local está bloqueada, dominada por actores marroquíes o extranjeros instalados ilegalmente. Esta exclusión económica no es accidental: forma parte de una política deliberada de erradicación social, destinada a hacer insostenible la vida de los saharauis en su tierra.
Asimismo, la llegada masiva de inversiones extranjeras en sectores como la agricultura, la energía solar y eólica sobre tierras confiscadas contribuye a normalizar la ocupación ilegal. Atraer estos proyectos económicos permite a Marruecos fabricar una apariencia de «legitimidad internacional», haciendo de los inversores extranjeros cómplices directos de violaciones graves del derecho internacional.
No se trata solo de una ocupación militar; se trata de una política sistemática de colonización, represión y borrado identitario. Las demoliciones, los desplazamientos forzados, el saqueo de recursos, la marginación social, la manipulación demográfica y las violaciones masivas de los derechos humanos forman parte de este mismo sistema colonial ilegal.
Frente a esta situación, la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos (ASVDH) insta a la comunidad internacional a poner fin a su pasividad y exige la creación de un mecanismo independiente de supervisión de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado. Reitera que solo la plena aplicación del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui podrá poner fin a estas violaciones continuas e instaurar una paz justa y duradera en la región.
Mientras persista la impunidad, los crímenes de guerra y las violaciones masivas del derecho internacional seguirán perpetrándose ante la indiferencia generalizada.
