Por Isabel Lourenço
La ocupación marroquí del Sáhara Occidental no depende de la explotación de la mano de obra saharaui: busca sustituirla. La lógica económica no es la integración, sino la ingeniería demográfica.
A medida que la atención internacional se enfoca cada vez más en cuestiones de justicia laboral, migraciones y transformaciones poscoloniales, resulta esencial analizar no solo las luchas por los derechos laborales, sino también las estructuras coloniales que niegan a pueblos enteros el acceso al trabajo, a los medios de vida y a la soberanía. En el Sáhara Occidental, bajo ocupación marroquí, el trabajo saharaui no es simplemente explotado: es excluido de manera sistemática. Esta exclusión no se debe a una falta de capacidad, sino a una estrategia deliberada. La ocupación no busca integrar: busca borrar.
Desde la ocupación militar del Sáhara Occidental por parte de Marruecos en 1975, los saharauis han sido objeto de una marginación estructural. Las políticas laborales en los territorios ocupados responden a una estrategia planificada de ingeniería demográfica. Colonos marroquíes, atraídos por incentivos salariales, ventajas fiscales y acceso a la vivienda, son empleados en los sectores clave de la economía y la administración pública. Mientras tanto, los saharauis enfrentan tasas de desempleo desproporcionadas, condiciones laborales precarias y exclusión sistemática del empleo estatal.
Esta estrategia cumple varias funciones para el Estado marroquí. Además de avanzar en su proyecto colonial de asentamiento, le permite gestionar su propio excedente de fuerza laboral. Con un desempleo persistente dentro del Reino, Marruecos utiliza los territorios ocupados como espacio de redistribución de su población activa. El Sáhara Occidental se convierte así en una herramienta de control político y de gestión socioeconómica interna.
El modelo marroquí no es simplemente uno de explotación laboral, sino de reemplazo. Los territorios ocupados son usados estratégicamente para asentar y emplear a nacionales marroquíes, fortaleciendo las reclamaciones territoriales mientras se margina a la población autóctona saharaui.
El contraste con otros modelos coloniales es revelador. En el apartheid sudafricano, la mano de obra negra era esencial para el funcionamiento de la economía, aunque se la excluyera políticamente. En Palestina, la mano de obra palestina sigue siendo fundamental para sectores como la construcción y la agricultura, a pesar del régimen de ocupación y control. En ambos casos, los sistemas coloniales equilibraban la explotación con la exclusión.
El caso saharaui se asemeja más a los regímenes coloniales de asentamiento en Australia, Estados Unidos o Canadá, donde las poblaciones indígenas fueron desplazadas o eliminadas no por razones económicas, sino para permitir el control absoluto del territorio por parte del colonizador. En este contexto, el trabajo se convierte en un instrumento de borrado estructural.
La marginación económica se agrava con la represión política. La organización sindical independiente está prohibida. Las protestas de graduados desempleados o de extrabajadores del sector de fosfatos son reprimidas con violencia, detenciones arbitrarias y vigilancia constante. Quienes aceptan empleos en estructuras colaboracionistas enfrentan el aislamiento dentro de sus propias comunidades.
En los campamentos de refugiados en Argelia, administrados por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), se desarrolla un sistema laboral distinto. A pesar de disponer de instituciones educativas, sanitarias y administrativas funcionales, la RASD carece de soberanía económica. Esto no se debe a limitaciones internas, sino al hecho de que los recursos naturales del Sáhara Occidental siguen en manos del ocupante. El muro militar construido por Marruecos no solo actúa como barrera militar: impide también el acceso de los saharauis a su riqueza natural, negándoles toda posibilidad de autonomía económica.
En la diáspora, los trabajadores saharauis enfrentan precariedad, invisibilidad y desarraigo, pero continúan participando activamente en la lucha mediante remesas, activismo y redes de solidaridad internacional.
Por todo ello, la cuestión del trabajo saharaui no puede ser abordada desde paradigmas de desarrollo tradicionales. No se trata de integración económica ni de generación de empleo dentro de un sistema de ocupación, sino de justicia política y descolonización. El sistema marroquí niega sistemáticamente a los saharauis tanto su derecho a trabajar como su derecho a existir como pueblo soberano.
Esta realidad exige una respuesta más allá de los organismos humanitarios. Sindicatos internacionales, instituciones académicas, organismos multilaterales y movimientos sociales deben reconocer que el Sáhara Occidental representa una continuidad del colonialismo en pleno siglo XXI. La Unión Africana, que se define por principios de descolonización y solidaridad, enfrenta una contradicción profunda al aceptar a Marruecos como miembro, mientras ocupa a otro Estado miembro: la RASD.
La solidaridad con los trabajadores saharauis debe ir más allá de la compasión: debe ser un acto consciente de oposición a las estructuras coloniales que persisten. El caso del trabajo saharaui no es solo una cuestión regional; es una prueba para el compromiso global con la justicia y la descolonización.
