Esta semana, el Tribunal Supremo de España puso fin a uno de los episodios más políticamente manipulados de los últimos años: el archivo definitivo de la querella por genocidio contra dirigentes del Frente Polisario, la legítima representación del pueblo saharaui.
Desde un inicio, esta querella —presentada por la llamada Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH)— carecía de fundamentos jurídicos. Se basaba en acusaciones falsas sobre supuestos crímenes cometidos entre 1975 y 1990 en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), con el único objetivo de desacreditar al movimiento saharaui ante la opinión pública española.
Una querella construida sobre la mentira
Ya en 2021, la Audiencia Nacional había archivado una causa similar contra el presidente saharaui, Brahim Ghali, por inexistencia de delito y por prescripción. La legislación española establece un plazo de prescripción de 20 años que claramente se había superado.
El fallo actual del Tribunal Supremo reafirma ese criterio y señala que el recurso de ASADEH no aportó ningún elemento nuevo. La querella nunca tuvo posibilidad de éxito jurídico porque nunca fue planteada con honestidad jurídica, sino como un intento de dañar políticamente al Frente Polisario.
Instrumentalización de la justicia
Organizaciones de derechos humanos y juristas han denunciado el uso de los tribunales como herramienta política —una práctica conocida como lawfare. En este caso, se utilizó el sistema judicial español como plataforma de difamación, sabiendo que aunque la causa sería archivada, el daño mediático ya estaría hecho.
La paradoja es dolorosa: mientras el pueblo saharaui vive exiliado y bajo ocupación militar, son sus representantes quienes han sido víctimas de acusaciones infundadas.
Una victoria moral, pero también una advertencia
El cierre definitivo del caso representa una reivindicación ética y política para el pueblo saharaui. Pero también lanza una advertencia sobre la facilidad con la que pueden manipularse las instituciones para fines ajenos a la justicia.
España tiene ahora la oportunidad —y la responsabilidad— de no solo cerrar un expediente, sino de reconocer la verdad, defender la dignidad saharaui y oponerse a toda forma de difamación.
